Opinión | Mario Amoretti: La inseguridad ciudadana, resolución del Tribunal Constitucional, son temas de esta semana

En cuanto a la inseguridad ciudadana, es lamentable la pérdida de vidas humanas, como viene sucediendo en nuestro país, hecho recurrente todos los días, pero vemos que como no se toman medidas preventivas, sigue incrementándose en forma alarmante. Lo más grave e indignante es que observamos que en algunos casos la policía detiene a delincuentes peligrosos en flagrante delito y los pone a disposición de la Fiscalía; sin embargo, son puestos en libertad; y quien dispone esta medida no le pasa nada, igualmente sucede con algunos jueces, pero los órganos de control interno, tanto del Ministerio Público como Judicial, no actúan en investigarlos y sancionarlos.

La toma de carreteras y avenidas en diversos lugares, llegando al extremo de causar daño a la propiedad pública y privada, se dice que han detenido a más de 120 personas en flagrante delito; sin embargo, se “olvidan de los dirigentes” que están detrás de los autores materiales y que tienen responsabilidad penal al igual que los autores que han ejecutado los actos delictivos, hay concurso de delitos, resistencia o desobediencia a la autoridad, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte públicos, y en estos casos las penas se suman. Basta ya de impunidad, pues el derecho de los que reclaman, concluye donde comienza el derecho de terceros.

El Tribunal Constitucional ha ordenado la libertad de Keiko Fujimori, no conocemos los fundamentos, pero se deduce que el fundamento de la mayoría de sus integrantes es que se ha verificado la vulneración a los derechos fundamentales, como la libertad personal, motivación, etc., sobre todo, con los antecedentes de resoluciones anteriores. Hay algunos políticos que protestan, pero en alguna oportunidad no hemos escuchado que se preocupan por los cerca de 45,000 internos con prisión preventiva en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe en el que se concluye que en nuestro país se hace uso u abuso de la prisión y que la CIDH señala que no se debe detener para investigar, pensemos y defendamos principios a favor de miles de detenidos preventivamente.

Se sostiene que es increíble que hasta el momento no se acuse en casos de corrupción, pero quienes critican esta situación no se pronuncian sobre los miles de imputados, cuya situación jurídica no se resuelve. Si se desea que los procesos se aceleren, que el Ejecutivo proporcione el presupuesto que necesita el Poder Judicial y el Ministerio Público para el incremento de personal, logística, local, es decir, quienes ejercemos la profesión verificamos el lamentable y deplorable estado en el cual se administra justicia.