OPINIÓN | Mario Amoretti: Se están llevando a cabo actos terroristas. No a la Constituyente.
En estos últimos días hemos sido testigos no solamente de actos de vandalismo, sino lo que es más grave, de terrorismo; para tal efecto, seamos claros y precisos; el artículo 2 de la Ley antiterrorista, señala: “El que provoca, crea o mantiene en estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medio de comunicación o de transporte de cualquier índole (...) empleando armamentos, material o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública (...) será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años”.
Para el jefe o cabecilla, cadena perpetua... Y a los colaboradores, como en el caso de tenencia o posesión de instrumentos u objetos que se utilizan para los actos de terrorismo, la pena es no menor de 20 años.
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Se ha declarado estado de emergencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Constitución, motivo por el cual, se han suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales, relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y la libertad de tránsito.
Es decir, la policía puede detener, ingresar al domicilio de cualquier persona, natural o jurídica; así como también está prohibido reunirse, de tal manera que las reuniones sociales y familiares, no se pueden llevar a cabo, el ex ministro de Defensa y ahora premier, ha declarado que las reuniones antes referidas, no están prohibidas; pero, hasta la fecha no se ha publicado disposición legal, que deje sin efecto dicha prohibición y estamos a pocos días de la navidad, pues la policía o miembro de la Fuerza Armada, puede irrumpir en un lugar donde se celebra las fiestas y detiene a sus integrantes, sin orden judicial, porque sigue vigente esta prohibición.
Se insiste de parte de algunos congresistas y partidarios de izquierda de llevar a cabo de inmediato la Asamblea Constituyente, con las reglas electorales vigentes, con el cual salió elegido Pedro Castillo, se dice con maniobras nada regulares, lamentablemente, las fiscalías provinciales penales, archivaron las denuncias presentadas, sin llevar a cabo ninguna investigación. Pretenden ejecutar su pedido bajo el pretexto “que el pueblo decida”, pero de acuerdo a lo que sostenía Pedro Castillo, se debía establecer qué agrupaciones debían elegir a los representantes, asignándoles el 60% de los encargados de elegir; y, el otro 40% lo podíamos hacer los ciudadanos comunes y corrientes.
Sin embargo, no hacen mención que, conseguido su objetivo, llevan a cabo el nombramiento de SUS JUECES Y FISCALES; lo condenados por corrupción y terrorismo, piden la revisión de sus condenas, y los elegidos por ellos, lo absuelven; y las investigaciones fiscales serían archivadas.
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