19/01/2022 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Es preocupante lo que sucede en nuestro país respecto a las denuncias de casos de corrupción en este gobierno y, lo más grave, es que se toman medidas para no investigar y conseguir la desaparición de pruebas por no disponer diligencias urgentes, necesarias e inaplazables, como: I) lo resuelto por la Fiscalía de la Nación, abre investigación al actual presidente de la República Pedro Castillo y la suspende, hasta cuando termine su mandato, vulnerando lo señalado en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, al ser un texto claro y preciso, la prohibición es que no se acusa y no existe ninguna prohibición expresa para investigar, tal como lo resolvió la misma Fiscal de la Nación en el caso de Manuel Merino de Lama, a quien denunció y ordenó diligencias para investigarlo, siendo presidente de la República. II) Es inaudito e inconcebible, lo que sucede en DIVIAC -encargada de investigar corrupción de funcionarios públicos- reducir el presupuesto y miembros de dicha entidad especializada, así como cambio de oficiales que venían laborando exitosamente en dicha dependencia policial. Qué casualidad, justamente, cuando se debe investigar los casos de corrupción de este gobierno se llevan a cabo arbitrariamente estas acciones, todo indica que al parecer no quieren que se investigue a funcionarios corruptos y allegados a este gobierno.
Pretender declarar estado de emergencia y que intervengan las Fuerzas Armadas (artículo 165 de la Constitución) es claro y terminante, esto es, garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República; en tanto, que el artículo 166, la Policía Nacional es la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Asimismo, la declaratoria de estado de emergencia, el aumento de delincuencia y sicariato no se podría considerar como causal para o restringir o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad y la seguridad de las personas, inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito. Si con el toque de queda, han creado problemas económicos, de salud, depresión a muchas personas, casi 2 años que vivimos en esta situación, a la verdad el “pueblo” ya no soportaría un encierro en estas condiciones.
El incremento de robos, hurtos de celulares, relojes de alta gama; así como las detenciones de estas sustracciones y sobre todo, un sujeto que fue detenido en flagrante delito de hurto agravado sustrayendo mediante arrebato a 3 personas, tomamos conocimiento por los medios de comunicación que fue puesto en libertad, para que siga sustrayendo, sin tener en cuenta que SON TRES DELITOS COMETIDOS EN ACCIONES DIFERENTES Y DISTINTOS AGRAVIADOS, es decir, lo que conocemos como concurso real; y, al que sustrajo, le suman las penas, o sea, en este caso concreto, le podría corresponder mínimo 9 y máximo 18 años, dada estas circunstancias, se debe investigar a quien dispuso su libertad. Además, somos testigos cómo la policía interviene lugares donde venden productos robados y detiene a los receptadores, son puestos a disposición de la fiscalía, son puestos en libertad, bajo pretexto que al autor de este delito le corresponde de 1 a 4 años de pena privativa de libertad y si trata de accesorios vehiculares la pena es 4 a 6 años, un receptador todo lo incautado por la policía, no ha sido obtenido en un solo momento y de la misma persona, motivo por el cual, el receptado que realiza varias “compras”, tranquilamente le podría corresponder, de acuerdo a lo recibido.
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