OPINIÓN | María del Pilar Tello: Odebrecht: el precio de la verdad

Por María del Pilar Tello / Profesora universitaria, analista política y abogada.

El “Acuerdo Preparatorio de Colaboración Eficaz y Bene­ficios” debe firmarse sí o sí. Es cierto que desde su filtra­ción han proliferado los cuestionamientos y denuncias. Pero también lo es que la información que los brasileños han proporcionado han permitido más de 40 causas, y si fracasa la firma, vuelven a fojas cero. Imaginamos que hay muchos que desean que eso suceda, que quieren evi­tar nuevas revelaciones de los involucrados en el escán­dalo de corrupción más grande de la historia peruana.

Pero el acuerdo debe firmarse porque el país necesita castigar la corrupción y desterrar la impunidad. Es más, es necesario impedir que las mafias continúen actuando dentro del aparato estatal bajo la oscuridad y el desco­nocimiento. El acuerdo significa el compromiso obli­gatorio de la empresa y de sus ejecutivos de entregar la información respecto de las cuatro obras en las cuales han aceptado culpabilidad. La Fiscalía debe modificar al­gunos aspectos y fortalecer su posición con entidades ca­lificadas que den mayor confianza y seguridad. El precio a pagar es aceptar aspectos impopulares, permitir que Odebrecht continúe en el país para que pague la repa­ración civil -por lo menos S/610 millones por las cuatro obras- con sus ganancias de los años que vienen.

Es cierto que la reparación habría que reformularla a fu­turo e incrementarla, tomando en cuenta las otras obras estimadas por la Contraloría en 17, que significaron perjui­cio económico mayor a los ocho mil millones de dólares, entre ellas el Gasoducto Sur Peruano no considerado a pesar de sus evidentes sobrecostos. Pero no puede hacerse respecto de las obras en que Odebrecht no se ha declarado culpable. Los nuevos ejecutivos admiten la posibilidad de colaboración más allá de las 4 obras, lo que es un avance que debería constar por escrito en el acuerdo.

Que no todas las obras hayan sido incluidas, beneficia a muchos, entre ellos a políticos como Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Susana Villarán, lo que podría ence­rrar alguna intencionalidad política. Es algo que debe subsanarse de todas formas.

Otro aspecto esencial es la participación en la nego­ciación de otras entidades del Estado como el MEF y la SBS, que con sus peritos hubieran podido mejorar las tasaciones y subsanar la deficiencia de fiscales y pro­curadores que desconocen estos aspectos. Es irritante el monto indemnizatorio cuando se compara con las multimillonarias ganancias de la empresa, pero si se agregan las otras obras con ganancias ilegales este va­riaría. Y si además se toman en cuenta a las consorcia­das que ganaron licitaciones con Odebrecht y deben ser parte del pago de la reparación.

El debate es saludable. Se puede modificar y precisar aspectos que respondan a cuestionamientos razonables y sinceros. No olvidar que estamos hablando de confesio­nes y concesiones de interés recíproco. Que hay dos par­tes que necesitan satisfacer su interés y que a ninguna conviene patear el tablero.