OPINIÓN | María del Pilar Tello: ¿hay solución para Las Bambas?

Después de que el premier Salvador del Solar pasara por alto el conflicto Las Bambas, el Perú real se pregunta: ¿Dónde están los intereses nacionales y dónde los particulares? Y no solo en Las Bambas, también en decenas de comunidades que enfrentan similares situaciones. El prolongado estado de emergencia no es solución y menos aún la criminalización del conflicto o la represión que podría traer más muertos. El diálogo ya ha comenzado y toca analizar posibilidades y prioridades.

Lo menos importante es la manipulación de la gente que medra y trata de sacar provecho, lo más importante la condición de las comunidades desplazadas o reubicadas, con consentimiento, pero sin otra posibilidad. Por eso su aceptación implica derechos y prerrogativas conforme a los principios establecidos por Naciones Unidas recogidos en la Ley 28223.

Importan por supuesto los aspectos materiales y monetarios que fueron atendidos de forma clientelista por el anterior dueño con ausencia del Estado cuando las comunidades fueron trasladadas inicialmente. Importa analizar si existe una real protección de la población, de su patrimonio cultural, identidad y reinserción que debe ser evaluada integralmente y con buena fe.

Importan, asimismo, las legítimas demandas de las comunidades desatendidas y postergadas en especial las relacionadas con la propiedad y el despojo, con el agua y la salud, con el deterioro de la agricultura, la ganadería y el medio ambiente.

Nada de esto es palabrería. Hay muchas demandas consignadas en los Estudios de Impacto Ambiental, EIA, reiteradas en la negociación e impunemente incumplidas por las empresas y por el Estado. ¿Cabe una autocrítica para un Estado que debe ser garante, articulador, mediador y facilitador abdica y se parcializa con el interés privado?

Importa el cumplimiento de los compromisos de las empresas, la modificación arbitraria e inconsulta de los EIA y la inversión de los recursos públicos a favor de intereses y prioridades particulares. Un Estado ausente, parcializado e ineficiente, no tiene autoridad moral para prevenir y facilitar la solución dialogada y concertada de ningún conflicto social. Por eso hay desconfianza, desgaste y deterioro del Estado y malestar crece, con tensiones, agresiones que terminan en crisis.

Caos y crisis crónica, relaciones perversas, mafias grandes y pequeñas, corrupción y uso de líderes comunales y de funcionarios y ex funcionarios de las empresas y del Estado. Es el todo vale con el que perdemos todos y en especial las comunidades.

La salida es por el diálogo trasparente y la negociación equitativa y legal. Una apuesta que implica una propuesta efectiva y sostenible que pasa por pagar por el uso de la carretera y por la propiedad invadida para construirla. Porque se libere inmediatamente la carretera con una contraparte de seriedad y sostenibilidad de los acuerdos. Y porque se atienda ya las consecuencias del uso de la carretera por 300 unidades de carga pesada diaria, sus severos efectos para la salud y las actividades económicas y productivas de las comunidades. De otro modo no hay solución que dure.