OPINIÓN | María del Pilar Tello: Fiscalía bajo sospecha

En un Estado de Derecho la defensa de la vida y de la dignidad de la persona humana son el fin supremo de la sociedad. Estos principios valen en todo el mundo desde la Revolución Francesa cuando se aprobó la primera declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Pero esta suprema motivación no es respetada entre nosotros. Por el contrario, se incentiva su atropello con el uso excesivo y arbitrario de la prisión preventiva pese a que el Tribunal Constitucional ha dicho que es la excepción y jamás la regla. Más aún cuando se aplica sin acusación fiscal, contra la Constitución que afirma la presunción de inocencia y señala que nadie va a prisión sin pruebas actuadas en un proceso o juicio debido.

Pero si alguien se atreve a recordar o exigir estos principios de justicia inmediatamente es satanizado, acusado de complaciente o de cómplice con la corrupción. No hay medias tintas ni debate posible. La prisión preventiva debe seguir siendo aplicada como una sentencia adelantada, aunque sea de naturaleza cautelar y jamás punitiva. Y lo seguirán haciendo sin respeto al derecho a la vida ni a la dignidad como ha sucedido con los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alan García.

La clínica Anglo Americana reportó el peligro de muerte súbita de PPK por su mal cardiaco. Es un imputado ya muy mayor que no puede salir del país, alguien a quien quisieron asegurar con grilletes en su lecho de cuidados intensivos para que pudiera purgar una prisión preventiva sin acusación fiscal. Y en cuanto a Alan García la precipitada decisión judicial de someterlo a una prisión preliminar lo obligó a elegir entre su vida y su dignidad. Un inhumano y doloroso dilema que lo impulsó a la trágica decisión que el país lamenta.

Y para los radicales esto no es suficiente, ambos expresidentes deben seguir enfrentando sendos procesos mediáticos, más allá de la muerte y de la realidad de los cargos. Nadie quiere recordar que un imputado es en principio una persona inocente al que deben el tratamiento que corresponde a esa condición.

Los diarios se han llenado de titulares sobre Jorge Barata y sus declaraciones. Primeras planas con sus versiones traducidas por terceros. Todos pendientes de sus respuestas en Curitiba, emitidas sólo cinco días después del suicidio de AGP, en diligencias protagonizadas por el equipo fiscal conducido por Rafael Vela teniendo en el rol estelar a Domingo Pérez. Este fiscal que se habría permitido algunas preguntas al ex directivo de Odebrecht, reportadas por el abogado aprista Aurelio Pastor y calificadas por el abogado Erasmo Reyna como sugestivas o capciosas.

Las preguntas sugestivas son aquéllas que, según el tratadista Guillermo Cabanellas, contienen la respuesta en sí mismas, en forma directa o de modo encubierto. El gran jurista Eduardo Couture considera que en su propia formulación llevan insinuada la respuesta al sugerirla al declarante. De esta calidad habrían sido las preguntas que dirigió Pérez a Barata sugiriendo que el exsecretario Luis Nava era el Maiman de AGP o si el sobrenombre Chalán fue puesto a Nava con el sentido de aludir a la persona que cuida al caballo, para recordar que algunos pretendieron humillar al líder aprista llamándolo Caballo Loco.

Todo esto hablaría de falta de hidalguía, de procedimientos antagónicos de una verdadera justicia. Porque luchar contra la corrupción no significa motivar titulares con afrentas y deshonor. Ni inducir respuestas que permitan continuar con el asesinato moral infligido al expresidente aprista.

Esperemos conocer la verdad de estos interrogatorios. La situación denunciada sería inaceptable. La democracia tiene una superioridad moral que acoge e inspira sus combates. A ella debemos remitirnos.