OPINIÓN | María del Pilar Tello: el Estado no entiende su papel

Dice bien el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el Estado no entiende su rol. Los conflictos minero sociales se suceden y el de Las Bambas, que sacude al país, se da en varios frentes, el de la empresa, el de los comuneros, el de las autoridades. No es un tema entre particulares, los impactos en lo económico, político y social son evidentes.

Ha habido poca transparencia de la empresa para comunicar a la población los cambios en su estrategia y en negociar el uso de la carretera que ha reemplazado el “minero-ducto enterrado” -206 kms de Cotabambas a Espinar, en Cusco- que figuraba en el Estudio de Impacto Ambiental, que hubiera hecho más ordenado y menos tóxico el traslado de los minerales.

El problema viene de largo con muertos en su haber y ausencia o nula eficacia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Hay debilidades y vacíos del marco legal e institucional que rige las actividades mineras en el Perú mientras se deterioran las condiciones sociales en los espacios de desarrollo minero. El reformista gobierno de Martín Vizcarra debe contemplar la necesidad de nuevas reglas.

Las Bambas no será el último conflicto social minero en el país, toca incrementar la presencia del Estado en zonas de actividad minera, mejorar la transparencia y participación ciudadana o comunal con controles más adecuados en la certificación ambiental. Reducir los desequilibrios entre los intereses de la población, la empresa, y del Estado de Derecho del Perú.

Como bien ha dicho el Defensor del Pueblo los comuneros están en indefensión, no tienen los recursos, para hacer valer sus derechos, que la empresa y el Estado sí tienen. La asimetría está a la vista y al Estado corresponde un rol tutelar de los derechos, en especial el de la vida si estalla ese temible polvorín de violencia como sucedió en Bagua.

Y a nadie extraña la virulencia del conflicto. Apurímac es uno de los departamentos más pobres del Perú con una desnutrición crónica de menores de 5 años de más del 20% y una mortalidad infantil de 27%. Se dijo que con Las Bambas el departamento saldría de la pobreza pero hasta ahora la empresa gana y la población pierde. Es un enclave de prosperidad rodeado de pobreza extrema y de contaminación por las grandes polvaredas que afectan la salud de la población, el ganado, las áreas agrícolas y las viviendas.

El Estado ha permanecido sin dialogar ni actuar en una prolongada toma de carreteras. La compañía minera modificó posiciones y acuerdos con arreglos que no se han cumplido. Existen muchos intereses e injusticias y hasta delitos en el camino del desacuerdo y la falta de diálogo. El cambio del mineroducto por la carretera en el 2013 fue aceptado por el Estado sin consulta a los afectados. Como era vía pública el nuevo dueño de Las Bambas, el consorcio chino MMG, no asumió obligaciones por el uso y mantenimiento de la vía, ni llegó a acuerdos con los propietarios de los terrenos. He ahí la madre del cordero.

El diálogo debe darse sin presiones ni represiones. Saludamos la liberación del presidente comunal Gregorio Rojas y esperamos el diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo, de la empresa y de las autoridades para negociar de manera transparente y equitativa, con interlocutores directos.