OPINIÓN | María del Pilar Tello: La esencial autonomía de poderes

Por María del Pilar Tello / Profesora universitaria, analista política y abogada.

La indignación contra la corrupción se agrava con la negligencia o la ineficiencia de Odebrecht que a la megacorrupción ha agregado el repulsivo desastre no natural que afecta a cientos de familias en San Juan de Lurigancho. Los malos olores y la fortísima contamina­ción que ponen en peligro la salud y la vida son una sig­nificativa metáfora de la inoculación antiética que nos invadió con base en la presunción de un Estado frágil y de una clase política proclive a la corrupción sin princi­pios ni valores morales. Nada más insultante que esto.

Y en momentos de clímax por las revelaciones que surgirán del encuentro en Brasil, la justicia anticorrup­ción genera una espiral de miedo a la exposición a la vindicta pública, en este caso la televisiva, como parte de un coro bien afinado en favor del Ejecutivo. En esta espiral se mantuvo atrapado Pedro Gonzalo Chávarry, el renunciante f‍iscal de la Nación. Entre quienes lo creían de su lado y quienes le temían. Fue el eje de un inédito linchamiento mediático que comenzó con la impugna­ción de una mentira y se prolongó con ataques y culpas que lo convirtieron en enemigo público, más peligroso que cualquier avezado criminal. La historia abordará este episodio como un fenómeno que se entiende más como persecución o defensa por consignas corporati­vas que por crímenes o virtudes individuales.

Chávarry renunció al comienzo del año por no haber renovado su encargo a los fiscales Rafael Vela y Do­mingo Pérez. A ello se agregó el deslacrado de oficinas pertenecientes a su despacho que el juez no había or­denado lacrar. Pero la suerte parece estar echada dado el poco o ningún espacio para la disidencia en la inter­pretación jurídica o política.

Lo que tenemos es una sacralización del poder pu­nitivo con fiscales y jueces convertidos en héroes por multitudes que pretenden definir la política judicial y penal. En esa línea se cuestiona la decisión de la Corte Superior a través de la Sala de Apelaciones que preside el juez Salhuanay, que aprobó la recusación al juez Richard Concepción Carhuancho por parcialidad presentada por Jaime Yoshiyama. A pesar de la grita callejera y mediática, la gran mayoría de abogados y expertos lo consideran un fallo lamentable pero justo.

Y es que la imparcialidad de la justicia no depende tanto de las individualidades, que no pueden dejar de ser subjetivas, como de la defensa y del respeto a garantías como la presunción de inocencia y el equi­librio de poderes. Nada más peligroso para la concen­tración del poder que la intervención del Ejecutivo en la Fiscalía, entidad encargada de todas las investigacio­nes. Por eso es saludable el archivamiento por el Con­greso del proyecto de Martín Vizcarra que eliminaba la Junta de Fiscales Supremos. Tan saludable como la activación de los mecanismos internos del Ministerio Público en protección de su autonomía constitucio­nal, esencial para el Estado de derecho