OPINIÓN | Manuel Altamirano: "La criminalización de la función pública"

En nuestro país la carrera pública no ha tenido la importancia ni el ordenamiento debido, tal es así que dentro del sector público podemos encontrar un sinnúmero de escalas salariales, varios tipos de régimen laboral, personal que labora más de 20 años sin ser nombrado, subgerentes con grado de bachiller, gerentes sin título profesional, entre otras situaciones incomprensibles.

La función pública debería ser la labor más respetada, y tener dentro de su equipo a los mejores cuadros del país como parte del aparato estatal, lo cual sería una garantía de eficiencia y eficacia en el gasto de los recursos públicos.

Para que se entienda, el sistema funciona así; llega un jefe designado a una institución pública, lo primero que hace es llevar a laborar a recomendados para los puestos de designación, y para los Contratos de Administración de Servicios, adecuar el perfil para algún recomendado; esa es la verdad, la mayoría de contratos de trabajo en el sector público están “conversados”.

Los nombrados en cada institución son otro grupo, muchos de ellos funcionarios de carrera y en la mayoría de los casos hacen que la institución funcione, solo que tienen los sueldos más bajos y reciben órdenes del jefe de turno, muchas veces son los que de una u otra forma frenan la dinámica de las instituciones, ya que al estar criminalizada la función pública, cuando los jefes ocasionales se van, los que quedan son ellos y son quienes responderán ante las denuncias y procesos administrativos disciplinarios.

El área más sensible de cada institución pública es el área de administración, específicamente el área de logística, en donde se encargan de viabilizar los términos de referencia (especificaciones) para las adquisiciones, son los que elaboran las bases de los concursos y quienes tienen el poder de decidir quiénes participan o no.

A pesar de que, por norma, deberían fomentar la libre concurrencia de proveedores, algunas de estas áreas optan por pedir que los postores pertenezcan a ciertas asociaciones, sin ninguna otra explicación, lo cual restringe el derecho a la participación de otros proveedores que pueden prestar el mismo servicio sin necesidad de pertenecer a ninguna sociedad.

¿No es acaso eso corrupción? ¿No debería separarse de inmediato a los funcionarios que hacen este tipo de bases restrictivas para las convocatorias? En la mayoría de los casos, quienes elaboran estos documentos son llevados por una nueva gestión, es decir, no son de planta.

Creo firmemente que debemos de comenzar a descriminalizar la función pública y solo lo lograremos eliminando de manera paulatina los puestos de confianza en los órganos de línea de las instituciones y fortaleciendo la carrera pública, tema que seguiré desarrollando en mi próxima columna