OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: La verdad ante todo

La ratificación de la orden de 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, dispuesta por la Sala Penal Nacional de Apelaciones, ha dejado muy mal parados a muchos que de un tiempo a esta parte denunciaban reiteradamente un contubernio entre el fujimorismo y el aprismo con el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, para consolidar la impunidad en el país.

Si fuera cierta esa hipótesis escuchada permanentemente como un estribillo de boca de muchos políticos, opinólogos y representantes de algunas organizaciones, ¿la ex candidata presidencial no debería estar libre? ¿El expresidente Alan García tendría orden de impedimento de salida del país? Dependerá ahora de los fiscales que investigan al líder aprista, de acuerdo a la investigación que realizan y en el momento que consideren, solicitar su detención o prisión preventiva, si el caso lo amerita.

No pretendemos defender a la lideresa de Fuerza Popular ni al expresidente, la justicia se encargará de ellos. Lo que llamamos la atención es que se actúe sin apasionamientos, sin inclinar la balanza a favor de los intereses que representan unos y otros. Ayer hicimos ver que nadie habla de los otros investigados por la corrupción de Odebrecht, como los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos y de cuyo proceso de extradición ya nadie se acuerda, o la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y los empresarios del 'Club de la Construcción'. ¿Por qué será?

Ahora que el fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry se aferra al cargo y pese a la junta de fiscales supremos de ayer, decide no renunciar, todos apuntan al Congreso como la instancia que tiene en sus manos su salida y exigen que se ponga en agenda los pedidos de acusación constitucional en su contra, como si su salida sea la solución a la crisis del Ministerio Público. ¿Por qué no piden con la misma vehemencia que se debata también los pedidos de acusación constitucional que hay contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, a quien incluso algunos piden como reemplazante de Chávarry?

Y en esta avalancha de declaraciones apasionadas, incluimos al fiscal José Domingo Pérez -cuyo excelente trabajo, reiteramos, no ponemos en duda- quien responsabilizó a Chávarry del retraso del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, cuando parte de ello se debería también a los cambios realizados por el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro en las instituciones públicas y de abogados generales que investigan el caso Lava Jato en Brasil, tras la designación del reconocido exjuez Sergio Moro, como ministro de Justicia de ese país.

La lucha contra la corrupción no puede ser según del cristal con que se mira. Hay que combatir a todos, nos guste o no.