OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: Sismo grado Odebrecht
Todo un remezón ha provocado en el escenario político del país el caso Odebrecht, no solo por las revelaciones formuladas por los exrepresentantes de la constructora brasileña en el Perú, Jorge Barata y Ricardo Boleira, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz, sino por la denuncia penal formulada por el procurador anticorrupción, Amado Enco, contra el procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, y las declaraciones del fiscal Rafael Vela Barba.
El expremier César Villanueva no se apareció ayer por el Congreso de la República, pero a través de un comunicado dijo que ha solicitado licencia a su bancada de APP y que se someterá a la justicia, tras ser sindicado por Barata de haber recibido dos pagos de 30 mil dólares por la carretera San José de Sisa, cuando era gobernador regional de San Martín. Una salida que puede calmar la tormenta, pero que de todas maneras deberá enfrentar para desvirtuar los cargos, tal como él mismo lo ha señalado. Sin embargo, sus colegas de algunas bancadas ya solicitan una investigación profunda, pues las revelaciones podrían afectar al gobierno.
Y mientras eso sucedía en el Legislativo, el coordinador del Equipo Especial de fiscales, Rafael Vela Barba, denunciaba intromisión política de quienes se oponen a la devolución de los 524 millones de soles que reclama Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.
Por eso llamó la atención la denuncia penal formulada ante el Ministerio Público por el procurador anticorrupción, Amado Enco, contra el procurador ad hoc Jorge Ramírez, por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz.
La pregunta que surge ante esta demanda, es si afectará el acuerdo de colaboración que está permitiendo conocer valiosa información sobre los pagos ilícitos a personajes políticos, pero también a líderes de opinión que trabajaron para la constructora brasileña y que fueron pagados con dinero de la Caja 2. Amado Enco dice que no, porque el convenio ya ha sido homologado por el Poder Judicial, sin embargo, quedan dudas.
Ya hemos advertido que quienes defienden la nulidad del acuerdo no desean que se conozca la verdad. Pero esta sigue saliendo a flote. Los exdirectivos de la constructora brasileña seguirán colaborando con los fiscales peruanos y nuevos nombres deben aparecer. Todos deben someterse a la justicia y quienes se vendieron a la corrupción deben pagar por su delito, sea quien sea y caiga quien caiga.