OPINIÓN | Luis Ángeles Laynes: "¿Servirá de escarmiento?"

Con una votación unánime, el Congreso de la República inhabilitó al expresidente Martín Vizcarra Cornejo para ejercer toda función pública durante los próximos diez años, por haber cometido infracción de los artículos 2, 7, 9, 38, 39 y 118 de la Constitución, al haberse vacunado de manera irregular y a escondidas contra el covid-19, mientras más de 120 mil personas morían por la pandemia que era desastrosamente manejada por su gobierno.

La decisión aprobada por 86 congresistas - por reglamento no votaron los miembros de la Comisión Permanente- sanciona políticamente a un exmandatario que hizo de la mentira un común de su conducta, pues pese a que hasta hoy lo niega y se victimiza, quedó demostrado que nunca fue voluntario, que no se inmoló por el país inoculándose una dosis experimental, sino que siempre supo que era una vacuna de emergencia y pidió que se le aplique en Palacio de Gobierno valiéndose de su alta investidura. Igualmente, hizo uso de su poder para solicitar que se vacune a su esposa y a su hermano mayor, mientras miles y miles de peruanos mueren por falta de camas UCI, de oxígeno producto de la pésima gestión del gobierno.

La medida adoptada incluso con voto de congresistas de Somos Perú, partido por el que postuló al Congreso de la República, no le permitirá asumir el cargo pese a que el reporte de la Onpe le da la más alta votación, pues la inhabilitación corre una vez que la resolución aprobada se publique en el diario oficial El Peruano y será remitida en su momento al Jurado Nacional de Elecciones.

Pese a que juristas y constitucionalistas han reconocido la infracción a varios artículos de la Constitución, Vizcarra ha respondido que apelará a todas las instancias nacionales e internacionales, para revertir la decisión, pero mientras tanto no podrá ejercer función pública y en ese sentido no recibiría credencial de congresista electo. Su lugar lo asumirá el candidato que obtuvo la siguiente mayor votación en su agrupación política, es decir de Somos Perú.

Junto con Vizcarra, fueron inhabilitados las exministras Pilar Mazzetti (8 años) y Elizabeth Astete (un año), por también haberse vacunado de manera irregular.

Pero en el Pleno de ayer, también se aprobó la acusación constitucional contra el congresista y excontralor general de la República, Edgar Alarcón, por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito, cuando encabezaba el órgano de control, y lo suspendió por el tiempo que dure el proceso penal que se le seguirá en el Ministerio Público y Poder Judicial.

Lo cumplido ayer por el Congreso de la República constituye un paso importante para sancionar a funcionarios acusados de casos de corrupción y delitos penales, que no solo debe quedar en estos personajes. Hay varios pedidos de acusaciones constitucionales pendientes en el Congreso contra otros exparlamentarios y exfuncionarios que deben resolverse también en el mas breve plazo, para que no se acuse de parcialidades ni blindajes. Es tiempo de dar un escarmiento a quienes traicionan la confianza del pueblo peruano para que la justicia haga lo suyo y sancione con todo el peso de la ley a quienes delinquen valiéndose del poder político.

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