23/07/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Era previsible. Un mal inicio tuvo el denominado plan 'pico y placa', que pretende restringir el tránsito de vehículos particulares en determinados ejes viales de la ciudad. Lo ocurrido ayer solo demuestra la improvisación con que ha sido implementado. Intento de atropello que terminó con un auto impactando contra un árbol en la avenida Arequipa, indiferencia de conductores y alta desinformación, fue el balance preliminar de este primer día.
La gran pregunta que se formuló fue si este plan resolverá los problemas de congestión en las principales vías de la ciudad, y la respuesta mayoritaria fue no. El propio alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha admitido que falta mucho por hacer en la implementación de este sistema, incluido el de información.
Incluso, recién ayer se dieron cuenta que era necesaria conocer la opinión de los distritos involucrados en los tramos viales y ahora consideran la convocatoria de los alcaldes distritales para analizar su aplicación.
Es indudable, pues, que no se han hecho las cosas como corresponde. ¿Acaso no se debió conversar con los burgomaestres de los distritos involucrados en los ejes viales donde se realiza la restricción del tránsito antes de implementar el plan?
Los especialistas han coincidido en que la premura por poner en marcha este plan de restricción refleja el desconocimiento de nuestra realidad. El sistema de transporte de Lima no es el mismo de otras ciudades de Sudamérica, como Bogotá, por ejemplo.
Si los conductores decían desconocer qué días debían circular los vehículos con número terminal de placas impar o par, fue notoria también la falta de personal fiscalizador.
El transporte en la ciudad requiere un orden. Eso es innegable y se viene reclamando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la corrupción que ha imperado en las últimas administraciones municipales, con Susana Villarán en prisión preventiva y Luis Castañeda a punto de seguirle los pasos, ha impedido hacerlo. Los peajes producto de sobornos de Odebrecht y OAS son una muestra de ello, y su anulación es un tema pendiente que el alcalde Jorge Muñoz tiene pendiente.
Todos reclaman la cancelación de los contratos que son producto de la corrupción y que le siguen costando un ojo de la cara a los limeños. Ese debe ser el primer paso para emprender el orden integral de nuestro caótico transporte.
