19/04/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Las observaciones formuladas por diversos especialistas a la diligencia en la que el expresidente Alan García Pérez decidió quitarse la vida antes de ser detenido por el caso Odebrecht, han dejado algunas cosas que ameritan una explicación convincente, pues las que se han dado por parte de las autoridades dejan aún algunas dudas por esclarecer.
El exfiscal y excongresista Carlos Torres Caro, por ejemplo, dijo que al parecer el protocolo de detención no se habría cumplido porque no se inmovilizó a la persona que se iba a detener, en este caso el expresidente García, y si este pedía ir a otra habitación para llamar a su abogado, alguien tenía que acompañarlo. De haberlo hecho así se pudo evitar el fatal desenlace que ya todos conocemos.
Por eso no nos llamó la atención que la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público, abriera de oficio investigación a los fiscales José Domingo Pérez y Henry Amenábar Almonte, por presuntas infracciones en el allanamiento y detención del expresidente García, solicitándoles presentar sus informes documentados sobre la diligencia que realizaron.
Lo que sí llama la atención es que horas después, la Fiscalía de la Nación asegurara a través del Twitter que esta diligencia se realizó en estricto cumplimiento de un mandato judicial y en estricto respeto de los derechos fundamentales del exmandatario. ¿Cómo llegó a esa conclusión en tan corto tiempo?
Más aún, luego, el Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato, en comunicado público firmado por el coordinador Rafael Vela Barba, Germán Juárez Atoche, Norma Mori y Carlos Puma, aseguran que en la diligencia se respetó el debido proceso y los derechos fundamentales del exjefe de Estado. Pero al mismo tiempo expresa preocupación y rechaza las acciones del órgano de control, que, según dicen, se suma a otras iniciadas en forma sorpresiva y arbitraria desde el año pasado contra ellos. Aseguran, además, que esta situación vulnera la autonomía fiscal y la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
¿Es que el fiscal José Domingo Pérez y el equipo que lidera Vela Barba no pueden ser investigados por una diligencia en la que se han observado supuestos errores? Los informes solicitados por el órgano de control buscan determinar si hubo o no errores. Hemos destacado el buen trabajo de ambos magistrados, pero como seres humanos no están exentos de equivocaciones.
No queremos pensar que el empoderamiento que les ha dado el presidente Martín Vizcarra los ha conducido a la soberbia, a que se sientan intocables y no acepten siquiera que el órgano de control les pida un informe. Si aseguran que la diligencia se ha realizado correctamente, lo demostrarán en sus informes. Lo importante es que se despejen todas las dudas.
Hemos dicho en reiteradas oportunidades a los políticos implicados en el caso Lava Jato que no teman a las investigaciones, pues si aseguran que son inocentes, eso se demostrará durante el proceso. Parafraseando al desaparecido expresidente García, “quien no la debe, no la teme”, y al igual que los políticos investigados, los fiscales no son la excepción.