OPINIÓN | Luis Ángeles Laynes: "Gobernantes insensibles"

El anuncio que formularon hace dos días la premier Violeta Bermúdez y el ministro de Economía, Waldo Mendoza, de presentar demanda de inconstitucionalidad contra la ley del Congreso que garantiza la devolución de aportes a los fonavistas, es una muestra más de la insensibilidad del Gobierno de transición y emergencia que preside Francisco Sagasti con los trabajadores del país.

Creado en 1919, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) se constituyó con los aportes de los trabajadores para financiar préstamos para que la gente pueda construir o adquirir vivienda digna. Sin embargo, en todo el tiempo que estuvo vigente fueron pocos los que lograron hacer realidad el sueño del techo propio.

En 1998 el Fonavi fue cambiado de nombre a Impuesto Extraordinario de Solidaridad y en el año 2004 este fondo fue derogado debido a irregularidades.

Por tanto, ese dinero que constituyó el Fonavi es de los trabajadores y así lo corroboró el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2018 que favoreció a los fonavistas. Es una deuda que tiene el Estado con quienes aportaron durante años parte de sus sueldos para acceder a una casa digna que nunca llegaron a tener.

De manera que resulta indignante que el ministro Waldo Mendoza diga que es imposible de pagar, cuando es una deuda que el Estado debe honrar como lo ha hecho con los organismos financieros internacionales. ¿Por qué con los extranjeros sí cumple y con los trabajadores peruanos no? Simplemente, es una muestra de desprecio que sienten nuestras autoridades del Gobierno por el pueblo.

Ni siquiera una propuesta de compromiso para saldar esa deuda. Le es más fácil decir no te pago y punto.

Según el constitucionalista Pablo Rioja, el Tribunal Constitucional debe declarar improcedente la demanda del Ejecutivo, por tanto se debe devolver los aportes a los fonavistas.

Ojalá que así sea, porque el Ejecutivo ya hizo lo mismo con los afiliados al sistema de pensiones de la Oficina Nacional Previsional (ONP), al negarse a devolver parte de sus aportes pese a las necesidades de los aportantes por la crisis de la pandemia del COVID-19, siendo también dinero de los trabajadores. El Gobierno recurrió al TC y este le dio la razón declarando en contra de la ley que aprobó el Congreso.

Por eso los peruanos reclaman cambios profundos porque durante décadas no se ha gobernado para el pueblo, el crecimiento económico nunca llegó para ellos y por eso hoy sufren grandes necesidades en salud, educación, vivienda, agua potable y millones no tienen trabajo. Ese debe ser el compromiso de quien gobierne el país a partir del 28 de julio, ya no pueden defraudar más.

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