31/05/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
La indignación de la gente por los abusivos cobros de los peajes se hace sentir cada vez más en las calles. Ayer, pobladores de Puente Piedra y de varios asentamientos cercanos en esa parte del norte de la ciudad, marcharon en un tramo de la Panamericana Norte para exigir la anulación de los contratos que son producto de la corrupción, como lo ha reconocido la propia exalcaldesa Susana Villarán, al aceptar que recibió dinero de OAS y Odebrecht para financiar sus campañas por el No a la revocatoria y para buscar su reelección.
Los vecinos exigen la suspensión del cobro de esos peajes, aunque la protesta se encendió ayer al enfrentarse los manifestantes con la policía, que los reprimió con gases lacrimógenos para que despejen la vía, pues el tráfico de vehículos se vio afectado en esa parte de Lima.
El alcalde de Puente Piedra no tuvo mejor argumento para defender la protesta, hacer referencia al mensaje del presidente Martín Vizcarra, señalando que “si el pueblo necesita manifestarse, que alce la voz y salga a las calles”.
La protesta dejó en evidencia lo mal que se manejaron esos contratos y el incumplimiento del compromiso de las concesionarias para construir vías alternas. Los vecinos que quisieron movilizarse tuvieron que caminar hasta cinco kilómetros para abordar un bus para dirigirse hacia la ciudad. “¿Y aún así siguen cobrando esas altas tarifas por el peaje?”, era la pregunta que se hacían.
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien inicialmente se pronunció por la anulación de los contratos, optó luego por el inicio de un proceso de evaluación de los contratos firmado con los co0ncesionarios Rutas de Lima y Línea Amarilla, pero especialistas y algunos congresistas como Víctor Andrés García Belaunde, se pronuncian por la anulación de esos compromisos porque son producto de la corrupción.
Y una muestra de ello es que la exalcaldesa, Susana Villarán de la Puente, deberá cumplir ya no 18 meses de prisión preventiva, sino 24, por disposición de la sala de apelaciones del Poder Judicial, debido a que el caso es complejo. A ella se le imputa los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Así están las cosas, y mientras desde la Municipalidad de Lima no se acelere este proceso de evaluación, que todos esperan terminen en la anulación de los contratos, la gente seguirá saliendo a protestar en las calles. La marcha de ayer dejó más de una treintena de detenidos y varios heridos. Cuidado que las siguientes pueden desbordarse.
