OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: ¿continúa el blindaje?
La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria decidió ayer por unanimidad declarar procedente el pedido del Poder Judicial para levantarle esa prerrogativa al congresista Moisés Mamani a fin de poder procesarlo por la denuncia de tocamiento indebido a una aeromoza, pero no pudo hacer lo propio en el caso del legislador Edwin Donayre por acción del fujimorismo, que inclinó la balanza para que se siga esperando la opinión de la Comisión de Constitución, que desde hace dos meses no se pronuncia.
¿Y sobre qué debe opinar la Comisión de Constitución del Congreso? Si procede aplicar la sentencia contra Donayre cuando aún no hay un pronunciamiento sobre su condena en segunda instancia.
El también general EP (r) fue condenado en agosto del año pasado a cinco años seis meses de prisión por el caso 'Gasolinazo' (presunto robo y comercialización de combustible asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur entre enero y noviembre de 2006), pero la sentencia no pudo ser ejecutada por la inmunidad que lo protege. Por ello, el Poder Judicial solicitó en setiembre al Congreso le levante esa prerrogativa para que cumpla la pena de cárcel efectiva.
El 3 de diciembre, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evaluó el pedido del Poder Judicial, pero con votos del fujimorismo se acordó pedir la opinión de la Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra, también de Fuerza Popular. Han pasado dos meses, y sigue sin pronunciarse.
Sin embargo, hay un detalle. La Comisión de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la condena contra el parlamentario de APP no tiene efecto suspendido y, por tanto, no requiere de segunda instancia para su ejecución.
Entonces, ¿por qué dilatan tanto la decisión sobre el caso del general Donayre? Los fujimoristas alegan que hay un vacío en el Reglamento del Congreso que obliga a un pronunciamiento de la Comisión de Constitución, que hasta hoy la sigue haciendo larga.
Lo grave del caso es que se insiste en solicitar la opinión del grupo parlamentario que preside la fujimorista Rosa Bartra, pero no le fijan un plazo para que se pronuncie, con lo cual pueden pasar dos meses más y el general Donayre seguirá eludiendo la acción de la justicia gracias a la inmunidad que lo ampara y a la 'manito' que le sigue alcanzando la bancada de Fuerza Popular sabe Dios con qué propósito, porque en política no hay casualidades. Una muestra más de que el fujimorismo no cambia y la frase “otorongo no come otorongo” sigue vigente.