OPINIÓN | Julio Schiappa: ¿Adiós Constitución del 93?

La presente crisis política del Perú plantea problemas que no solo tienen que ver con temas de gestión electoral y de representación.

Su origen (el de la crisis) está en cambios sustanciales que el Perú ha vivido desde 1993, cuando la actual Constitución fuera aprobada. Por eso, creo yo, el país está dividido frente al Estado y sus instituciones, en las que los peruanos han perdido la fe.

Entre los cambios sustanciales que la sociedad ha sufrido está el crecimiento de actividades extractivas con mercado internacional y la casi desaparición de la industria nacional.

Se ha impuesto un modelo económico ultra capitalista que concentra el desarrollo económico, vinculado al mercado global, en un grupo pequeño de empresas, 440 de las cuales son chilenas, más de 80 son chinas, y las más grandes son de capitales internacionales.

No habría ningún problema con la nacionalidad de las empresas si no fuera que es imposible un desarrollo de los capitalistas peruanos con un esquema semejante de desnacionalización de la producción. No tienen ninguna ventaja al ser peruanos.

La panacea económica ofrecida por los autores de la Constitución de 1993 está en un callejón sin salida: el mejor ejemplo es el manejo de los peajes por corporaciones internacionales corruptas que demuestran los excesos absurdos que la Constitución vigente permite.

No hay excusas, el rol del Estado ha sido reducido a nada, y el resultado es un abuso al peor estilo del capitalismo casino, que anula todo atisbo de identidad con el interés ciudadano y nacional.

Del estudio del rol de la informalidad en el mercado peruano pueden surgir grandes y positivas preguntas que contradicen uno de los supuestos dogmáticos del ultra capitalismo como generador de mayor empleo. En este país los negocios informales generan 76% de los puestos de trabajo.

Es así que el país reúne enorme cantidad de unidades productivas no formales, que congregan millones de trabajadores, todas ellas satanizadas y perseguidas por un sistema que las discrimina y no las integra a la economía. El mejor ejemplo es la minería de oro que tiene 76 mil mineros en proceso de formalización y más de 300 mil productores fuera de la legalidad. Una importante proporción de ellos venden su oro a través del Banco Central de la República de Bolivia que les cobra 1%, mientras en su patria la empresa estatal Activos Mineros les pide 3% del precio de su oro.

El enorme contingente humano de la informalidad no tiene lugar bajo el Estado creado por la Constitución del 93. Las experiencias de Asociación Público Privada son casi todas corruptas. Las obras públicas en manos de las empresas internacionales son escenario de uno y muchos Lava Jatos.

Parte del boche peruano es la Constitución, habrá que mirar cómo se cambia desde el 2021. ¿Le decimos adiós?