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Opinión I Luis Ángeles Laynes: Elecciones en marcha

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30/10/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023

El Tribunal Constitucional decidió ayer por unanimidad admitir a trámite la demanda competencial que interpuso el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso, pero al mismo tiempo rechazó la medida cautelar que presentó para que se deje sin efecto la medida contra el Parlamento que dispuso el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre.

La decisión adoptada por el máximo órgano jurisdiccional implica que nada ha cambiado con respecto a los últimos 30 días en que el presidente Vizcarra anunció la medida, tras interpretar la negación fáctica de la confianza que solicitó el entonces jefe del Gabinete, Salvador del Solar, para que se postergara la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

Al rechazarse la medida cautelar, el Congreso de la República seguirá disuelto y solo se mantendrá en funciones la Comisión Permanente, en tanto que el proceso electoral para elegir a los congresistas que reemplazarán a los disueltos legisladores, sigue en marcha, tal como lo precisó el magistrado del TC, Carlos Ramos, quien fue ponente de la admisibilidad de la demanda competencial y dijo que el rechazo de la medida cautelar es para no poner en riesgo los comicios ya programados.

Es decir, las elecciones se realizarán el 26 de enero, cumpliéndose el cronograma electoral diseñado por el Jurado Nacional de Elecciones, en el que mañana vence el plazo para la inscripción de las alianzas que deseen participar como tales en los comicios, y el domingo 3 de noviembre como último día para que los partidos puedan elegir a quienes integrarán sus listas de candidatos.

En tanto, la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea seguirá su curso en el tiempo que tomará el tribunal para debatir y emitir un pronunciamiento sobre las competencias del Ejecutivo y Legislativo, principalmente sobre la cuestión de confianza.

Ha hecho bien el Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, en reafirmar su respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), a la espera también de la decisión que tome este organismo una vez que concluya con el debate de la demanda competencial.