04/02/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Bastante preocupación y satisfacción ha causado en predios judiciales, la discusión del proyecto de ley sobre la Junta Nacional de Justicia, cuya finalidad debería ser refundar todos los cimientos del aparato de justicia.
Esta norma aprobada el pasado viernes, fue fruto del consenso de las diferentes tiendas políticas, al que llegaron los presidentes de las comisiones de Justicia, Alberto Oliva, y de Constitución, Rosa Bartra, a iniciativa del presidente de ese poder del Estado.
Este nuevo marco normativo, es demostración del primer resultado de la consulta de referéndum, realizada el mes de octubre y cuya aprobación fue con 78 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones.
La Junta Nacional de Justicia reemplazará al extinto Consejo Nacional de la Magistratura y cuya función primordial será la del nombramiento y selección, sanción, destitución y ratificación de los señores jueces y fiscales de toda la República.
Una de las innovaciones de esta nueva norma legal, que debe ser aprobada u observada por el Presidente de la República, es la priorización de la meritocracia de los magistrados, independientemente de la diferencia de género, pues de lo que se trata es que a los jueces y fiscales se les evalúe sus méritos académicos, sea varón o mujer el aspirante a la judicatura.
Diferentes organismos públicos y privados se han pronunciado al respecto y han expresado opiniones disímiles, pues un sector opina que la JNJ para evaluar a los jueces y fiscales debería tener en cuenta los méritos académicos del postulante, otro sector considera que se debe reevaluar la ratificación y por el contrario otros consideran que la cuota de género era de vital importancia.
En tal sentido, desde la pujante ciudad de Arequipa, los 35 presidentes de Cortes Superiores de Justicia del país, el propio jefe de la OCMA, el presidente del Poder Judicial y además el pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es decir la crema y nata de la justicia peruana, ha expresado su preocupación por la ausencia de consensos y la multiplicidad de criterios para la reforma judicial y, sobretodo, han advertido que esta situación podría desnaturalizar la esencia del pueblo peruano en la última convocatoria de referéndum.
Una de las preocupaciones de la judicatura peruana, es el enfoque de cómo se desarrollan las ratificaciones y la evaluación del desempeño, que ciertamente lesiona el principio constitucional de independencia judicial y además la calidad de la justicia al servicio al ciudadano, toda vez que la ratificación debilita la garantía de permanencia e inamovilidad de los jueces, sustento de independencia de su función y si bien el nuevo marco normativo es perfectible, es propicio que para realizar las reformas que tanto reclama la ciudadanía peruana, es necesario reevaluar el viejo sistema de ratificación que ya sido derogado por muchos países, de cuya tradición democrática se encuentra debidamente marcado el Estado Constitucional de Derecho.
