25/10/2022 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Bastante preocupación ha producido en predios judiciales la presentación del Proyecto de Ley Nro. 3309-2022/CR de la congresista Kelly Portalatino, que propone penalizar la conducta de los jueces y fiscales que instrumentalicen la justicia por influencia de la prensa.
La propuesta legislativa de la parlamentaria de Perú Libre propone incorporar el Art. 418-A al Código Penal y dispone que los magistrados que emitan decisiones inmotivadas, sin ningún elemento de convicción, se les iniciará un proceso de persecución judicial y, además, si utilizan las resoluciones judiciales, requerimientos y disposiciones fiscales dándolas a conocer a los medios de comunicación social para ser difundidas, serán reprimidos con una pena no menor de seis años ni mayor de ocho años de pena efectiva.
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No cabe duda que el proyecto de ley, que criminaliza la conducta de los señores magistrados por difundir información de casos mediáticos, viene produciendo bastante discrepancia y controversia entre los operadores jurídicos.
Es una realidad a voces que existe un grupo minúsculo de magistrados del Ministerio Público que le entregan información a los hombres de prensa sobre un determinado caso, que se encuentra sometido a un proceso de investigación y es a partir de allí que el caso judicial se emblematiza y constituye todo un “reto” para los jueces resolver esa causa, toda vez que se tiene a la opinión pública en contra.
Se ha tomado conocimiento que cuando se tiene un requerimiento de alguna medida cautelar o requerimiento acusatorio muy débil, se filtran los medios probatorios a la prensa y es partir de allí que los periodistas ejercen presión mediática ante el Poder Judicial para obtener un fallo “ favorable”; sin embargo, si es adverso se inicia una investigación administrativo disciplinaria ante la Ocma contra el magistrado.
No cabe duda que nos encontramos en un problema que se viene diseminando en la mayoría de los distritos fiscales del país; sin embargo, de allí a criminalizar la conducta fiscal nos parece un exceso, toda vez que existen los mecanismos disciplinarios en la Oficina de Control Interno del Ministerio Público para sancionar ese maligno proceder fiscal.
Lo propio también debe suceder al interior del Poder Judicial, que se debe estar muy atento con la filtración de resoluciones judiciales a la prensa, pues para tal efecto todas las cortes superiores de justicia tienen su oficina de imagen institucional y es a partir de allí en donde se tiene que hacer la difusión de la noticia, que desde luego siempre será muy importante y, además, es una fuente oficial.
En tal sentido, consideramos que el proyecto de ley presentado constituye una espada de Damocles para todos los magistrados, toda vez que existen mecanismos internos en cada institución que sancionan la difusión de información reservada en un proceso judicial, pues caso contrario nos encontraríamos frente a un exceso que podría servir para separar de la carrera judicial a un magistrado por apreciaciones no muy santas y ello generaría impunidad.
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