OPINIÓN | Dennis Falvy: ¡Un terrible dolor de cabeza!

Información de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), señala que los trabajadores incorporados corresponden a 8,466 empresas fiscalizadas. Para este año se tiene como meta incorporar a 140,000.

La legislación otorga derechos al trabajador como un sueldo mínimo, jornada laboral, vacaciones y obligaciones como pagar el Impuesto a la Renta, contribuir a la seguridad social y aportar al sistema de pensiones.

La informalidad, supone entonces que el empleador no respeta los derechos que la ley le otorga al trabajador y, por otro lado, se incumplen las obligaciones tributarias y de contribución a seguridad social y al sistema de pensiones.

En este sentido ella se liga a evadir impuestos, al incumplimiento de normas de Defensa Civil, ambientales, entre otros.

Es entonces un “pain in the ass” . Un terrible dolor de cabeza.

Según el INEI, alrededor de 8.7 millones trabajan en la informalidad. Entre abril de 2018 y marzo de este año la tasa de empleo informal equivale al 66% del total de trabajadores en el área urbana.

Los sectores más informales son:

Agricultura, Pesca y Minería 84.1%

Construcción 74.8%

Comercio 71.8%

Manufacturas 60.0%

Servicio 59.3%.

Hay casi 240 mil trabajadores informales nuevos respecto del último reporte del INEI.

Según el Ministerio de Trabajo, los 800 mil venezolanos en nuestro país han aumentado esta informalidad y de seguro la delincuencia hasta en distritos pudientes.

La mayoría de informales son entre 25 y 44 años. Solo 12.6% son universitarios.

Dado que esta informalidad consiste en la violación de las normas, los diversos gobiernos no han hecho prácticamente nada para atacar este enorme daño al país.

Así, por ejemplo, cuando uno habla del rol fiscalizador del Estado, encabezadas, la labor se concentra en el sector formal, acentuando la diferencia entre los costos de los formales e informales, favoreciendo la informalidad, por su falta de control y costos.

Desde el punto de vista de salud pública, el Sistema Integral de Salud (SIS) se ha convertido en un promotor de la informalidad, subsidiado por los contribuyentes.

Las personas aseguradas al SIS habrían pasado de 9.2 millones en el 2007 a 17,1 millones en el 2016. Una locura sin nombre.

El SIS fue diseñado para la pobreza extrema, que en el Perú apenas pasa de 1 millón de personas, según el INEI .

Si a esto se suma Pensión 65 y lo que piden los razudos de las AFP como subsidios, los trabajadores informales no tienen incentivos para pasar a la formalidad, y sus empleadores, tampoco.

Es decir, la informalidad no solo no es atacada por el Estado, sino que es incentivada al subsidiar la salud y dar pensiones que nunca fueron pagadas.

Lo patético es que el 30% de la economía formal subsidia al 70% informal, en que parte de ella es delincuencial, ante no solo la pasividad sino la complicidad del Estado.