OPINIÓN | Carlos Jaico: "Tanto va el cántaro al agua"

Según el artículo 43 de la Constitución, el gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

Este principio se pensó en la idea que los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- debían estar separados para controlarse entre ellos. El poder debe detener el poder, decía Montesquieu. Sin embargo, esta “separación” no debe ser reducida al solo hecho de controlar al otro al punto de bloquearlo impidiendo el funcionamiento del Estado. Es lo que el proyecto de sentencia del juez Carlos Ramos, sienta como precedente para el orden constitucional peruano.

Si bien es cierto que cada poder del Estado cumple un rol específico, ellos obedecen al imperativo de entenderse, evitando entonces conductas obstruccionistas, desleales o egoístas (Proyecto de Sentencia Expediente 0006-2019-CC/TC, p. 24). Allí radica el principio de la colaboración, donde las competencias y funciones de los poderes y órganos constitucionales autónomos están orientadas al cumplimiento de los fines del Estado (artículo 44 de la Constitución).

Esta parte del proyecto de sentencia confirma la vida que los peruanos tuvieron desde el 28 de julio 2016: abuso y prepotencia de la bancada fujiaprista y sus aliados. Con el poder que les daba ser mayoría, prohibieron que los congresistas renuncien a sus bancadas, lo cual fue declarado inconstitucional. Luego censuraron al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Siguió el actual presidente Martín Vizcarra, quien debió renunciar al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones por las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la adenda a favor de Kuntur Wasi en el aeropuerto de Chinchero. Menos de un mes después le tocó el turno al ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, quien presentó su renuncia al ver su pedido de cuestión de confianza rechazado por el Congreso. Siguió la censura a la ministra de Educación, Marilú Martens pese a que Fernando Zavala hizo cuestión de confianza. En paralelo, esta mayoría multiplicaba las apariciones en los medios de comunicación, con la consigna de obstruir el trabajo de los fiscales y petardear al Ejecutivo. Abusaron en las comisiones del Congreso y comisiones investigadoras donde humillaban a sus enemigos políticos, mientras blindaban a funcionarios acusados de corrupción. Así, el Poder Legislativo se canibalizó, atentando contra el equilibrio institucional y la estabilidad del país.

Con esta experiencia, la sentencia del Tribunal Constitucional deberá sentar las bases de un renovado equilibrio de poderes, donde se obre con visión por el bienestar de todos los peruanos.