25/04/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Una propuesta de reforma constitucional plantea que no puedan postular a cualquier cargo de elección popular, candidatos con sentencia condenatoria en primera instancia, por delito doloso con pena mayor de cuatro años.
La propuesta es interesante si se trata de evitar que personajes arrastrando un rosario de denuncias sean elegidos. Esto se justifica debido a que -conocedores de los recovecos judiciales- los denunciados alargan sus procesos al infinito, pudiendo candidatear sin mayor problema.
Por la catarsis judicial del tsunami Lava Jato, esta propuesta viene a resolver una parte del problema. Sin embargo, no evita que quienes aún sin denuncias o condenas tengan la intención de delinquir una vez elegidos. En suma, no se está atacando las causas de la corrupción, debido a que estas se encuentran en quienes seleccionan a los candidatos: las dirigencias de los partidos políticos.
El problema no es nuevo. Gran parte de la partidocracia peruana ha servido de trampolín para que personajes hagan de la política un medio de enriquecimiento. Descubrieron tempranamente que hacer política era la manera más rápida de hacerse millonario. Invirtieron en la formación de un partido político o movimiento regional y usaron esa estructura para la comisión de delitos. Así las cosas, ¿qué pasa cuando un partido político se constituye para la comisión de delitos o es tomado por una cúpula que lo convierte en una estructura mafiosa?
Luego, este tipo de dirigencias ha permitido otro fraude electoral: los vientres de alquiler, al vender candidaturas al mejor postor. Preocupados por hacer caja, no se ejerce la debida selección ni control, olvidando la misión encomendada a los partidos por el art. 35 de la Constitución Política. Eso significa que quien tenga los medios, puede ser candidato y asumir una función pública, sin tener las capacidades para ejercerla de manera óptima.
Al ser los dirigentes de partidos políticos quienes impulsan estas candidaturas, ¿pueden ser corresponsables de los delitos cometidos por sus elegidos? La respuesta debe ser afirmativa. Esto se justifica por el elevado número de expresidentes, alcaldes, gobernadores o congresistas inmersos en delitos. Sin un freno jurídico que responsabilice a la dirigencia del partido, esta seguirá presentando candidatos de dudosa reputación.
Asimismo, aún no ha llegado el tiempo en que la sociedad peruana aplique el reproche moral, que permita eliminar electoralmente estas prácticas dolosas. Razón de más para que la responsabilidad de los dirigentes de partidos, por los ilícitos cometidos por sus elegidos, sea incluida en la reforma política.
