OPINIÓN | Carlos Jaico: ¿Reforma económica o reforma del Estado?
Los informes sobre Competitividad del Foro Económico Mundial, representan al Perú con índices macroeconómicos estables, una institucionalidad débil y altos niveles de corrupción. Casualidad de calendarios, los debates para este nuevo Congreso hablan de cambios en el régimen económico, en la llamada Economía Social de Mercado (ESM).
Esta noción del artículo 58 de la Constitución se inspira de la reflexión de Alfred Müller-Armack en su obra Dirección económica y economía de mercado (1946), y la define como la “combinación del principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social”. Pero, ¿desde 1993 practicamos este tipo de economía?
Teniendo como fondo el Consenso de Washington de la década de los 90, nuestra economía hizo un lugar especial al capitalismo liberal el cual dio vida a una clase oligárquica, consecuencia de la unión interesada entre el Estado y las grandes empresas. Por una parte, sin reformarse, el Estado vendió sus empresas -consideradas deficitarias- en sectores estratégicos en un marco de poca transparencia. Consecuencia, el Perú ha concesionado sus puertos, su cielo se encuentra en manos extranjeras y sus mejores tierras pasan a engrosar el neo latifundismo. Por otra parte, la gran empresa practica la “economía de mercado” (omitiendo lo social), insistiendo en el rol subsidiario del Estado. Esto significa exigir su presencia para favorecerse con subvenciones así como reducción o eliminación de impuestos, y fomentar su ausencia para ganar sin control ahondando la desigualdad social. Esto ha favorecido oligopolios, lobbies y corrupción, dejando de lado la libre competencia. Asimismo, el Estado ha sido cercado por expertos en el arte de las puertas giratorias que funcionan tanto en el sector público como privado, usando su posición para obtener información privilegiada en un abierto tráfico de influencias.
Un cuarto de siglo después, ¿se ha beneficiado nuestra economía? Muy poco. El Estado burocrático fomenta el alto índice de informalidad porque se le teme al aplicar la máxima “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. También, reducido en su eficacia, ha fallado en la misión de defender las reglas de juego frente a grandes intereses que le sacan provecho al refrán “hecha la ley, hecha la trampa”.
De donde, modificar la parte económica de nuestra Constitución implica en primer lugar replantear el rol y funcionamiento del Estado. No hacerlo sería repetir la Gran depresión de 1930, la Crisis de los 80, la Crisis financiera internacional de 2008 o la Crisis político-social en Chile. Todas ellas surgieron por el colapso o ausencia del Estado.
*Jurista internacional, experto en casos de corrupción y lavado de activos