OPINIÓN | Carlos Jaico: Los ministros son solidariamente responsables

Se ha hecho costumbre ver en conferencias de prensa, entrevistas en medios de comunicación masivos, Consejos de ministros descentralizados u otra reunión en provincias, donde abiertamente ministros de Estado profieren todo tipo de insultos, diatribas, amenazas y todo tipo de adjetivos a quienes cumplen su labor, al investigar a Pedro Castillo Terrones y a su círculo más cercano como familia y amistades cercanas.

Además de estar incurriendo en delitos como, entre otros, obstrucción a la justicia, encubrimiento real o personal, existe el artículo 128 de la Constitución Política, según el cual: “Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”.

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Así, los ministros son solidariamente responsables por la violación de derechos en los cuales hubiese incurrido Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, no habría tal responsabilidad si los ministros renuncian inmediatamente. Esto implica que frente a una infracción constitucional será responsable solidario el ministro de Estado involucrado, así como el propio mandatario.

Asimismo, la inmediatez de la renuncia del ministro significa que esta debe ser clara y sin dudas con respecto a la violación cometida. Una renuncia tiempo después de los hechos, cuando el barco comience a hundirse, no lo eximiría de la responsabilidad solidaria. Si bien es cierto la designación de los ministros es política, la función es también administrativa. Así, sería importante que miren hacia adentro y estudien los niveles de integridad en la cartera que asumen.

Para esto, una herramienta básica es el Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción. Esto les permitiría implementar el estándar de integridad para mejorar el Índice de Capacidad Preventiva en sus ministerios. En su defecto, no existirá una correcta gestión que contribuya a prevenir la corrupción.

También, deben iniciar acciones de control interno pidiendo el concurso concurrente de la Contraloría General de la República, a través de los Órganos de Control Interno (OCI).

Finalmente, se debe fomentar la meritocracia mejorando los perfiles técnicos, para evitar la mediocridad burocrática y el tráfico de influencias. Esta es la principal responsabilidad de un funcionario público de confianza, quien se debe, ante todo, a la Constitución y al Estado de derecho.

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