20/06/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
En 2012, un juez federal de Estados Unidos aprobó el acuerdo entre el Departamento de Justicia y el banco HSBC para el pago de 1,920 millones de dólares, por violar las leyes de lavado de activos. Un acuerdo análogo se había logrado en 2009 con la Unión de Bancos Suizos, con el pago de una reparación de 780 millones de francos suizos, por evasión fiscal. Similar medida se obtuvo contra el banco Credit Suisse con una reparación de 2,500 millones de dólares por ayudar a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos. Los acuerdos de colaboración eficaz son entonces una práctica judicial constante para combatir eficazmente los delitos. Es en ese sentido que el Perú ha adecuado su legislación con la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos (Ley N° 30737). Tres elementos innovadores deben ser subrayados. El primero es que la colaboración eficaz, prevista solo para las personas naturales, se aplica igualmente a las personas jurídicas. Es en este marco que se pudo negociar el acuerdo con Odebrecht.
El segundo es que el colaborador eficaz obtenga la inmunidad procesal por la calidad de la información que brinda para llegar a la verdad. Esto en aplicación de la Convención de Palermo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La lógica subyacente es que sin pruebas ni testimonios, los fiscales se verían imposibilitados de investigar y acusar. Con lo cual, exceptuar del proceso a un colaborador eficaz para condenar a todos los demás, es lograr que la impunidad no siga siendo el refugio de la gran corrupción. Un caso de aplicación es el caso Ecoteva: la extradición de Alejandro Toledo no procedería sin la información de Josef Maiman, sobre “la ruta del dinero” desde su recepción y paso por paraísos fiscales, hasta la compra de los inmuebles.
El tercer elemento es que la Ley N° 30737 otorga el beneficio a Odebrecht de seguir contratando directa o indirectamente con el Estado. La lógica detrás de este beneficio es evitar el daño colateral que ocasionaría el cierre de la empresa, al despedir a sus cientos de empleados. Peor aún, una empresa en liquidación tendría dificultades para pagar la reparación civil.
La homologación del acuerdo con Odebrecht abre hoy la posibilidad de conocer la verdad sobre el accionar delictivo de empresas y políticos. Abre también una nueva etapa en la lucha contra la corrupción en el Perú.
