OPINIÓN | Carlos Jaico: Congreso de la República: de la disolución moral a la disolución constitucional
Según el Institute for Management Development (IMD), el Perú retrocedió en el Ranking de Competitividad Mundial del 2019, pasando del puesto 54 al 55. Podrá parecer poco, pero este estudio confirma cinco años consecutivos en que nuestro país retrocede y se sitúa entre los diez países menos competitivos del mundo.
Un componente de la competitividad es la institucionalidad, y precisamente allí estamos fallando. La razón es que los tres poderes del Estado siguen inmersos en una catarsis de denuncias, censuras, comisiones investigadoras, “puertas giratorias”, confesiones sinceras, audios de la vergüenza, blindajes congresales y prisiones preventivas, haciendo del Perú un lugar poco amistoso para la inversión y el desarrollo.
¿Puede un país avanzar con instituciones fallidas? Difícilmente. Pero esto, principalmente el Congreso no lo ve, por vivir inmerso en una burbuja de inmunidad usada como paraguas para blindajes, prófugos, condenas judiciales e intereses partidarios patrocinados con salarios del primer mundo. No es sorpresa entonces que 84% de la población desapruebe su mediocre gestión y el 70% apoye su cierre (Encuesta IEP), confirmando así la voz que se alza y exclama: ¡que se vayan todos!
En cualquier país, un caso como “Lava Jato” o “Los cuellos blancos” hubiese ocupado solamente al Ministerio Público y al Poder Judicial. Pero en el Perú, esta crisis ha venido a demostrar la corresponsabilidad de los poderes del Estado en la corrupción sistémica heredada de la década del fujimontesinismo. Salir rápidamente de esta situación no es fácil, debido a que no se quiere aplicar los procedimientos constitucionales adecuados. Para colmo de males, enfrentamos una nueva ola de delitos donde los llamados a modificar algo, son los principales implicados. Así las cosas, ¿qué pasa cuando un Congreso en crisis moral permanente no quiere cambiar nada? La democracia se paraliza y pasamos a ser un remedo de país con una institucionalidad fallida.
Es el caso de las reformas tanto judicial como política, propuestas por el Ejecutivo. Las bases legales existentes han permitido el abuso de potestades, llevando a un disfuncionamiento de las instituciones. Pensar en avanzar como país sin cambiar ese marco legislativo sería insistir en el error. Así, frente a un poder Legislativo deslegitimado y alejado de su noble misión, el Ejecutivo debe plantear la cuestión de confianza. Y, en caso de negativa, proceder a su disolución como manda la Constitución Política. Porque, es solamente con instituciones renovadas que el Perú tendrá una posibilidad de sobresalir más allá del Bicentenario.