OPINIÓN | Carlos Jaico: El bienestar del ciudadano empieza en su distrito

Según el procurador anticorrupción, existen 11,099 casos de corrupción en las municipalidades distritales y 6,407 en las municipalidades provinciales. Son estos miles de casos de corrupción que explican la calamitosa gestión municipal, e inciden negativamente en la prestación de servicios públicos elementales al ciudadano. ¿Cómo evitar la corrupción para mejorar la gestión edil?

Primero, los partidos políticos no seleccionan ni controlan a sus candidatos a las diferentes alcaldías. Se sigue nombrando a dedo al agitador local o el partido se oferta como franquicia al mejor postor. Luego, no existe ningún tipo de control sobre la gestión del candidato elegido. Peor aún, la dirigencia del partido se mantiene al margen sin denunciar los delitos. Demás está decir que sus procesos disciplinarios son inexistentes y, si los hay, se expresan con cinismo: ¿qué más quieren si ya lo boté? El art. 35 de la Constitución alberga un sagrado deber para las organizaciones políticas, el cual no puede estar exento de responsabilidad. De donde, la dirigencia debería ser corresponsable -civil y penalmente- de los delitos cometidos por sus elegidos.

Segundo, el Órgano de Control Interno (OCI) es débil para detectar a tiempo los delitos. En muchos casos, es incapaz de ver que la corrupción empieza con el mismo alcalde y sus asesores de confianza. Develar a la organización criminal edil podría mejorar gracias a los denunciantes éticos (whistleblowers). Sin embargo, no existe un sistema que permita a los testigos de actos ilícitos hacer sus denuncias, sin temer represalias.

Tercero, la justicia llega tarde y en muchos casos olvida. Esto permite que la corrupción dure meses y en muchos casos los cuatro años de una gestión. El caso de repetidas gestiones de un alcalde o en manos de un solo partido, debe ser indicio para que el control sea permanente. Esto se justifica porque muchos de los alcaldes hoy prófugos fueron reelegidos sin que el OCI haya sido capaz de detectar delito alguno.

Cuarto, el Estado peruano ha olvidado la importancia para el ciudadano de la gestión distrital. En sí, con un Estado lejano que no controla nada, la corrupción y/o ineptitud de un alcalde pueden persistir en el tiempo. Razón demás para que la vigilancia del Estado sea reforzada, para permitir su rápida intervención, incluso substituyéndose al alcalde.

Actuar por el bienestar y desarrollo del ciudadano, es proteger un bien jurídico constitucional, el cual empieza indefectiblemente en su distrito.