OPINIÓN | Carlos Jaico: A un año de los audios de la vergüenza, ¿qué lecciones hemos aprendido como país?

Un año ha pasado ya desde que los “audios de la vergüenza” fueran difundidos. El secreto a voces de la gigantesca corrupción en el sistema nacional de justica pudo al fin ser público. El Perú no había vivido tal destape desde la caída del régimen fujimorista y sus “vladivideos”. Esta vez, conversaciones telefónicas confirmaban la miseria institucional en que corruptos y corruptores habían sumido a la justicia peruana.

Corroída por dentro, fue muy fácil asociarla con mafias y políticos, que la usaron para cubrir sus crímenes y delitos. Los candados de seguridad nunca funcionaron lo que permitió erigirse la casta de los 'Cuellos blancos del puerto' y la venta de la justicia al mejor postor. Sin duda, el poder judicial y sus responsables fallaron en su labor de control. De allí que era casi imposible que ellos mismos puedan reformarse. Incluso al día de hoy persisten en sus puestos fiscales y jueces, sindicados como 'Cuellos blancos'. Se puso al descubierto el blindaje del fujiaprismo en el Congreso, gracias a su presencia mayoritaria en las comisiones. Por esta razón, la sociedad civil peruana ha aprendido a mantenerse vigilante.

Esta defensa del oscurantismo judicial, ha desnudado también los verdaderos intereses de quienes fingían ser amables demócratas. Las máscaras han caído para mostrar los rostros protectores de la corrupción. De allí que la resistencia sea feroz y consideren una intromisión la reforma judicial planteada por el Ejecutivo.

Más allá de este daño directo a las instituciones del país, existe el daño moral a la justicia y su impacto social. En primer lugar, una justicia plagada de corrupción o injerencia política viola el principio de la igualdad ante la ley, haciendo de la injusticia el castigo para la sociedad peruana. En segundo lugar, para que la corruptela funcione las facultades de Derecho han graduado profesionales sin cualidades éticas; aquellos que se jactan más de conocer jueces y fiscales en vez de conocer la ley. Ciertamente, la enseñanza de esta carrera deberá ser mejor regulada, si es que deseamos verdaderos abogados y no leguleyos.

Finalmente, tanto como deberá ser estudiada la corrupción sistémica de los 90, el caso emblemático de los 'Cuellos blancos', debe ser de estudio obligatorio en universidades y la sociedad civil. Porque, sin un verdadero examen de las causas, no habremos avanzado hacia una mejor institucionalidad. Y, parafraseando a Jorge Santayana en “La razón en el sentido común”, país que no aprende de sus errores, volverá a cometerlos.