OPINIÓN | Ántero Flores: Buena noticia universitaria

Diría que es evidente, que, pese al buen propósito de la actual ley universitaria, en el sentido de elevar la calidad educativa, lamentablemente no se tuvo en cuenta las consecuencias que acarrearía la normatividad punitiva aprobada, que lejos de ayudar a que todas las universidades mejoren la calidad de la enseñanza y que existiese por lo menos un “piso” básico, ha generado serios problemas sociales en los centros de estudios superiores a los que se les deniega su licenciamiento.

Como sabemos la ley universitaria a que nos referimos dispuso la apertura de un proceso de licenciamiento para todas las universidades, esto es, que se dejaba de lado las leyes de creación de las universidades públicas, así como también las autorizaciones de las actividades de las universidades privadas, tanto asociativas como societarias, debiéndose iniciar un proceso administrativo para verificar si se cumple los estándares mínimos para que las universidades puedan continuar con sus actividades académicas.

Las universidades que no lograran obtener el licenciamiento, están obligadas al cierre en el término de dos años, debiendo presentar el plan correspondiente para ello. El gran error de la ley fue su carácter sancionador, en lugar de ser ayuda de acompañamiento para que gran parte de las universidades obtuvieren la autorización para seguir operando. Se necesitaba que la autoridad comprendiese la realidad universitaria y colaborara en que gran parte pudiesen pasar la valla.

La falta de visión de la ley ha hecho que SUNEDU opere como el “cuco” y no como amigable colaborador, para lo cual todavía está a tiempo, lo que ha afectado hasta ahora a aproximadamente 80,000 estudiantes de 26 universidades descalificadas y, de los cuales no menos del 5% eran becarios. Felizmente el Ministerio de Educación, está anunciado, para estos últimos, entregarles 3000 becas mientras acrediten aceptable desempeño, lo que es una buena noticia, que podríamos sintetizar en que ayuda a resolver el problema, pero no lo soluciona.

En efecto, no lo soluciona pues hay decenas de miles de estudiantes que no lograrán ser acogidos por otras universidades y pasarán al amplio sector de quienes no trabajan ni estudian. No son ociosos, sino que no hay oportunidades laborales como tampoco hay accesibilidad a otras universidades, sea por falta de espacio, sea por mayores costos de los estudios o sea también porque tendrían que trasladarse a circunscripciones alejadas de sus domicilios habituales. La desocupación es peligrosísima.

Con buen criterio la autoridad educacional ha acordado dar una nueva oportunidad de licenciamiento a las universidades públicas que no lo lograron en su primer intento, pero esto es privativo para las universidades del Estado, pero no ha sido complementado para las universidades particulares, con lo cual se crea una objetable desigualdad de la ley, que atenta contra principios constitucionales que no deberían soslayarse.

Confiemos en que las autoridades tengan la sensatez de ver el problema en su alta complejidad social y se animen a resolverlo y no únicamente dar paliativos, bien recibidos por cierto, pero como repetimos, insuficientes.