OPINIÓN | Antero Flores - Aráoz: "Universidades: ayuda parcial"

No dudamos del derecho que asiste al Estado de velar por la calidad de la educación superior, específicamente de la universitaria, al haberse advertido -desde tiempo atrás- que había centros de estudios de dicho nivel, pero que era simplemente virtual, pues en la práctica algunos no reunían los requisitos mínimos para ser considerados centros de estudios superiores.

Lo que sí objetamos son los mecanismos para alcanzar el mejoramiento de la calidad del servicio educativo universitario, que lejos de resolver un problema real, lamentablemente lo ha agravado al echar a la calle ya a cerca de doscientos mil estudiantes universitarios, con la denegación del licenciamiento a sus centros de estudios.

Se ha creado un problema social intenso y grave, pues no hay forma que las universidades licenciadas, sean públicas o privadas, absorban a los estudiantes que se quedan sin sus centros de estudios por la denegación de licencia a otras universidades. Tampoco el país está en situación de absorber dicha teórica fuerza laboral en lo inmediato y los motivos son harto conocidos, por lo cual no incidiremos en ellos.

El Estado al comprender el problema y aquilatar los peligros de un enorme grupo de jóvenes insatisfechos con la situación, ha acordado algunos paliativos, ojo solo paliativos y no soluciones. El primero de los paliativos acordados fue otorgar becas en universidades públicas a pequeña parte de los becarios de universidades con licenciamiento rechazado. El segundo fue que mediante Decreto de Urgencia se dispone de recursos públicos para acoger a estudiantes que quedaron en la calle por los motivos expuestos, en universidades del Estado. El tercero es crear programas itinerantes para alcanzar bachillerato desde universidades licenciadas, que puede aliviar el problema, pero indiscutiblemente no resolverlo.

Lo lógico hubiera sido, haber previsto los problemas que se originarían con las denegatorias de licenciamiento a universidades tanto públicas como privadas y que la SUNEDU, lejos de aplicar draconianamente, y a veces erráticamente, normas legales, hubiere ayudado a las universidades en proceso de licenciamiento a que lo logren, mediante facilidades, plazos, asesoría y acompañamiento en el proceso.

Lo últimamente señalado, evidentemente que no se hizo y ha obligado al Estado a tomar la decisión de dar una nueva oportunidad a las universidades públicas con licencia denegada, a fin de que puedan obtenerla y lograr los cometidos educativos propios del sistema universitario.

Penosamente, el Estado se ha circunscrito solamente a sus universidades, es decir a las públicas con licenciamiento denegado, pero con sospechoso olvido de las universidades privadas en similar situación, para las que también debería extenderse la posibilidad de una segunda oportunidad, a fin de no ser discriminadas con un tratamiento legal absolutamente desigual, lo que no resiste el mínimo análisis. Ojalá y rápidamente, se entienda ello en el Poder Ejecutivo y se expida la norma que iguale en lo descrito a las universidades públicas y privadas, e incluso se faciliten las fusiones entre licenciadas y no licenciadas.