Opinión | Ántero Flores-Araoz: reforma judicial

Desde hace muchos años, dentro de las reformas al Estado, que se deben estudiar, debatir y de ser el caso aprobar, una de las más resaltables e importantes es la del Sistema de Justicia, donde se encuentra el Poder Judicial.

Por varias décadas hemos soportado la monserga que el primer poder del Estado es el Congreso, pues es el que da las leyes. Si bien es verdad que da las leyes, que debe aplicar principalmente el Poder Ejecutivo, nos permitimos discrepar de tal aseveración. Para el autor de esta nota el primer Poder del Estado es el Poder Judicial, pues es la única autoridad que le puede enmendar la plana al Congreso y al Poder Ejecutivo, ya que por el control difuso de las leyes y demás disposiciones legales, puede dejarlas de aplicar cuando considera que colisionan con la Constitución.

Dentro del Sistema de Justicia también tenemos al Tribunal Constitucional, el cual en ejercicio de su facultad de control concentrado de la constitucionalidad de las normas legales, las puede declarar inconstitucionales y en adición expulsarlas del ordenamiento legal, esto es dejarlas sin efecto.

Si el Sistema de Justicia, con el Poder Judicial como espolón de proa, es el poder más importante del Estado, es lógico que en la reforma del Estado se le pueda dar interés preferente, y no solo por ello, sino porque la ciudadanía en general tiene serias observaciones a su funcionamiento y comportamiento. Los justiciables y operadores del sistema judicial, estamos hartos de la dilación de los juicios de todas las materias, cualquier tema demora años en ser resuelto definitivamente, y ni que decir de la temática penal, en que nuestros establecimientos de reclusión están abarrotados de procesados sin condena, y peor aún, con magistrados que están abusando de las detenciones preliminares y preventivas por largos períodos.

Varios intentos se han hecho para la reforma del Sistema Judicial, siendo quizás la más importante la del SERIAJUS, que penosamente quedó inconclusa y, en julio próximo pasado el Presidente Vizcarra nombró una Comisión presidida por Allan Wagner para estudiar el tema y hacer propuestas, las que se plasmaron apresuradamente en su informe del 25 de julio de 2018. Fueron diez propuestas, de las cuales 8 se materializaron en proyectos de ley que el Ejecutivo presentó al Congreso para que fueran procesadas con carácter preferente, esto es, con prioridad.

Los proyectos en cuestión no van a resolver toda la problemática judicial, pero es un avance, aunque deberíamos priorizar la formación de nuestros magistrados y postulantes a la magistratura, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público y, con el concurso de las universidades serias, para que fomenten y estimulen la formación de jueces y fiscales.

Lo qué si es criticable que el Congreso, de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo solo haya aprobado el de la reforma del CNM reemplazado por la JNJ. También se ha sancionado la Ley para simplificar el proceso contencioso administrativo, empero hay uno que no ha sido todavía visto luego de su observación presidencial y, los demás, con dictamen, pero pendientes de debate o sin dictamen. Después no se quejen, ya pasaron siete meses.