OPINIÓN | Ántero flores-Aráoz: el que la hace, la paga
Todos tenemos el derecho constitucional de protestar y expresarnos, pero debe ser en forma pacífica y respetando la integridad de las demás personas, así como la propiedad pública y privada.
Sin embargo, con frecuencia observamos que en tales acciones populares no se respetan los derechos de terceros, e incluso se cometen actos de violencia, se interrumpe el tránsito en las vías públicas, se apedrea a los vehículos, se perpetra actos contra la integridad de las personas y hasta se agrede a los miembros de la Policía Nacional.
Se ha visto también como se incurre en comisión de delito, al atentar contra los ductos de conducción de petróleo y gas, incurriendo adicionalmente en serios daños al medio ambiente con los derrames de dichos productos.
La cosa no acaba con lo expuesto, pues hay oportunidades en que las autoridades han concurrido a los lugares de la protesta en el ánimo de llegar a soluciones armoniosas con los manifestantes, mediante mesas de concertación o similares, pero han terminado de rehenes de los actores de la protesta que incurrieron en delito contra la libertad personal.
Los que cometen delito son delincuentes, y en todos los actos criminales mencionados, se hacen a la luz pública, no a escondidas, con lo cual es claro que existe flagrancia y que las fuerzas del orden deberían detenerlos, pero no lo hacen.
Ante la ausencia del ejercicio de la autoridad que ponga fin a la violencia y detenga a los responsables, se produce el mal ejemplo y los antisociales ven que pueden hacer lo que les da la gana, pero las autoridades en la práctica, sin reaccionar, no hacen lo debido. Evidente, tal omisión lejos de ser disuasiva se convierte en permisiva, y los actos de violencia se multiplicarán.
Necesitamos que las autoridades actúen poniendo orden, impidiendo la violencia, e incluso deteniendo a los vandálicos, como dicen en el futbol, “aquí no pasa nada”.
Cuando en la selva se producen los atentados contra los ductos en que se desplazan los hidrocarburos o cuando se toman rehenes, algunas autoridades tratan de maquillar su falta de energía y decisión, bajo expresiones de que los transgresores de la ley tienen otras costumbres, son de etnias que tienen otras culturas y que hay que comprenderlos, pero una cosa es comprensión y una muy diferentes es hacer de la vista gorda y que actos que constituyen delito no sean sancionados con el rigor de la Ley.
Si bien es verdad que por precepto constitucional toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultura, pero también hay la disposición que todos somos iguales ante la ley y obligados a su cumplimiento.
El reconocimiento de la interculturalidad, así como el derecho de las comunidades nativas y campesinas, algunas denominadas comunidades de etnias originarias, podrán administrar justicia dentro de su ámbito territorial, siempre que no se violen derechos fundamentales de las personas. Entre estos derechos está la vida, la integridad personal y la propiedad, entre otros, y por ello las autoridades de la Nación no deben cerrar los ojos ante el delito, por más que los perpetradores sean nativos.
El que la hace, la paga.