OPINIÓN | Antero Flores-Aráoz: "Castigar el aprovechamiento"

En estos tiempos de grave emergencia sanitaria hemos podido ver dos actitudes diametralmente distintas. Por un lado, la actitud solidaria y de entrega del personal de la salud, a los que se han sumado infinidad de funcionarios públicos, así como también la Policía, Bomberos y Fuerzas Armadas, entre otros, aunque sin olvidar el gesto comprometido de empresas e instituciones que voluntariamente están aportando para la adquisición de equipos médicos e insumos indispensables para superar la pandemia del coronavirus.

Lo penoso es que, por otro lado, se ha podido constatar que hay personas y empresarios inescrupulosos que, aprovechándose de la situación, o acaparan productos para posteriormente comercializarlos a mayores precios, o los que ponen al mercado los productos y servicios, incluso de primera necesidad, a precría recibir sanción, por lo menos la sanción social que signifique que consumidores y usuarios, los ignoren por un buen tiempo como proveedores.

No se pueden amparar los inescrupulosos, en las reglas del mercado, como la oferta y demanda, pues ello podría ser en momentos normales y no cuando se padece una emergencia sanitaria de la magnitud que afecta al mundo y en que nuestro país no es excepción.

El mercado no es una deidad y hay que tener presente siempre, el bien común, que no es otra cosa que el bien de todos. Ejemplos los hemos observado, pero basta recordar a quienes aumentaron sus tarifas de transporte, en porcentajes absolutamente inusuales y desmedidos de la noche a la mañana, entre ellos líneas aéreas y terrestres de pasajeros.

También los que suministran agua en cisternas, sin olvidar a quienes ocultan en sus comercios los productos de primera necesidad. Por mucho tiempo, el acaparamiento y la especulación estuvieron penados.

El acaparamiento dejó de ser tipificado como conducta penal, al disponerse normatividad y procesos administrativos sancionadores a cargo del INDECOPI. La especulación sigue tipificada como delito, pero la norma penal requiere de fijación de precios oficiales de productos de primera necesidad, lo que colisiona con la libertad de mercado consagrada por la Constitución.

En la actualidad y en la práctica, las conductas atentatorias contra las reglas del mercado honesto y leal, como el acaparamiento y la especulación, tienen sanciones con carácter administrativo y pecuniarias, lo que está muy bien en tiempos normales, pero en tiempos como los de la emergencia sanitaria que se vive, o los que se podrían vivir en convulsión social o conflicto armado, deberían tener también carácter penal.

Este es un tema que amerita estudio serio y oportuno. Las normas para tiempos regulares y de paz, no pueden ser las mismas que cuando hay emergencias, recordemos sino, la legislación especial que se tuvo que dictar para enfrentar el terrorismo. Situación normal, pues reglas de uso común, pero situaciones especiales ameritan normas excepcionales, a fin de proteger a quienes se encuentran menos favorecidos por la fortuna, para no decir pobreza.