OPINIÓN | Alfredo Aguilar Medina: En tierra de ciegos, el tuerto es rey

Hoy se cumple 16 años de la implantación en el Perú del derecho a la información y transparencia. La Ley N°27806, (2003) estableció que cualquier ciudadano, sin expresión de causa puede pedir información pública que haya sido elaborada, recibida o procesada con fondos públicos de cualquier entidad estatal, con la única reserva referida a planes de seguridad nacional y la esfera íntima de las personas y recibirla en tiempo oportuno, (un máximo de doce días hábiles incluido pedido de ampliación expresa), completa, eficaz y relevante sin más coste que abonar por su reproducción a precio de mercado, (0.10 céntimos por página). En tres quinquenios ese derecho aún sigue siendo incipiente y desigual. Hoy, como sabemos, la información es la base para generar conocimiento y el conocimiento otorga poder. Lamentablemente, así como la riqueza está muy mal repartida, así también el conocimiento está terriblemente distribuido lo que genera brechas en la calidad ciudadana que es una de las causas de la discriminación y secretismo estatal.

La transparencia entonces es un arma poderosa que puede permitir a los ciudadanos exigir su correlato: la rendición de cuentas.

Solo un poder ciudadano empoderado en sus derechos podría conseguir que funcione adecuadamente la dualidad información- rendición de cuentas, lo que cambiaría radicalmente los hábitos corruptos de malos funcionarios que han enviciado el servicio público en su provecho personal.

Si la prensa de investigación, por infortunio muy escasa no destapara todos los secretos del aparato público no se conocerían los casos de congresistas que truquean los puestos laborales entre familiares, las dietas, viáticos y extras que reciben algunos gerentes regionales y hasta funcionarios de planta que casi nunca se reportan. El caso de alcaldes distritales que intercambiaban favores en contratos, las sobrevaloraciones de obras, el invento de requisitos, los diplomas bamba, las coimas, etc., son algunas de las perversiones que retratan el aparato público.

Debe entenderse que pedir información no se limita a documentos o archivos, también a soportes digitales, audios y videos, preservando lógicamente información que se acredite como reservada.

Sin embargo, la resistencia de la mayoría de entidades estatales a entregar documentos es muy frecuente. La Defensoría del Pueblo, inicialmente encargada de vigilar el cumplimiento de esos derechos, en el caso de Arequipa ha tenido un desempeño en la mayoría de casos deficiente.

Por eso que ante la reiterada resistencia de empleados estatales a abrir sus archivos y “secretos”, la ley ha creado hace dos años una autoridad nacional de transparencia y acceso a la información, la que opera a través de un Tribunal que resuelve en última instancia las quejas por denegatoria e incumplimiento. Hasta ahora no se han instalado los Tribunales Regionales que permitan descentralizar sus competencias. Es el turno de la sociedad civil. Vigilancia y denuncia son las tareas pendientes.