OPINIÓN | Alfredo Aguilar: La escuela peruana frente a su mayor desafío
Desde que se ordenara el sistema educativo con la Ley Villarán, (1955) nunca hasta ahora nuestra escuela se ha visto enfrentada a una realidad para la que nunca se preparó.
El desafío es de tal envergadura que solo tiene tres opciones: resistir, cerrar sus puertas o esperar un salvavidas. No es momento para hacer distingos entre la escuela pública o privada. Se trata de 57 mil escuelas peruanas y 480 mil profesores que se preparaban para recibir a nueve millones de estudiantes. El 20% ya había iniciado labores vislumbrando un año escolar intenso y cargado de retos.
El 80% ni siquiera había recibido la lista de útiles cuando de pronto, como un tsunami arrasador el 11 de marzo el gobierno ordenó el cierre de todas
las escuelas enviando a casa a medio millón de profesores y confinando a todos los escolares del país.
No voy a ocuparme de la causa machacada a toda hora y todos los días, a tal punto que se ha abierto un hoyo adicional de peligrosísimo impacto cuyos efectos los veremos cuando se levante el confinamiento obligatorio: la depresión y la psicosis colectiva relatada magistralmente por Jung.(1947).
Desde entonces, como cascada se ha venido promulgando una serie de normas de emergencia. Algunas acertadas, otras baladí y también las de corte cantinflesco.
De las últimas me ocuparé brevemente dado el corto espacio. El gobierno expidió en el marco de la emergencia una norma para que la SBS regule los contratos de crédito del sistema financiero.
¿Qué hacen? Expiden un simple oficio múltiple en la que escuetamente les dicen a los usureros de la banca y las cajas, “traten de reprogramar las cuotas debidas, sus clientes no pueden pagarlas porque está paralizada toda actividad empresarial”.
Esa ambigüedad inocua de la SBS es el subterfugio perfecto para que bancos como el BCP agiten su doble discurso: para el pueblo, “yo me sumo”,
para sus clientes: a éste sí a éste no.
Cuando refiero que existen normas de factura cantinflesca, estoy apuntando directamente a las expedidas por el MINEDU para afrontar el confinamiento.
El decreto del 11 de marzo divulgado a medio día era justificable pero precipitado. No permitió a los colegios adoptar medidas urgentes para establecer estrategias que aseguren la continuidad e inicio del servicio educativo.
No se tenía información fidedigna, por ejemplo sobre la conectividad domiciliaria a internet. Esos datos se conocieron posteriormente limitando la eficacia de la instrucción virtual. Vizcarra en general ha actuado bien, pero en más de un caso lo ha hecho a ciegas, sostenido en hipótesis probables.
Ese día el Perú solo tenía la evidencia del caso “cero”, los demás eran sospechas. El Minedu, hay que decirlo muy clarito, desde 1977 en que desmontó el TEPA, (La escuela en televisión) nunca creó en su estructura orgánica un programa destinado a sostener un plan alternativo cercano a lo que es educación virtual.
El año 1995, Radio Educación, que funcionaba en un recoveco de la recoleta, donde opera la GREA emitió su última edición un día de octubre. Los equipos desaparecieron, hasta ahora no se sabe quién los devoró. “Aprendo en casa” no es criticable per sé.
Es una iniciativa válida por su divulgación multicanal, pero carece de lo esencial: interactuar con el destinatario, algo que solo puede hacer un buen educador presencialmente. Ps. Retomo la columna luego de vivir un trágico accidente. Gracias a Dios y al buen traumatólogo Carlos Apaza, estoy recuperándome.