OPINIÓN| Nicolás Lúcar: La hora de la verdad

La noticia para los llamados grandes medios anoche era: “Keiko Fujimori y Alan García excluidos de responsabilidad según el informe final de la Comisión Lava Jato”.

La exclusión de Keiko es por lo menos discutible. La comisión, es cierto, investigó un paquete de 11 obras lo cual suponía haber ejercido poder para ser incluido y Keiko no nos ha gobernado. Pero es verdad también que hablar del caso Lava Jato supone reconocer la existencia de un mecanismo de corrupción que empezaba con el financiamiento de campañas electorales. Excluirla o no, insisto, es discutible.

Lo que resulta inaceptable es la exclusión de Alan García. La mayoría de la comisión pretende que el peruano más cercano a la familia Odebrecht no tiene responsabilidad alguna en las escandalosas adendas a la Interoceánica. Peor aún, pretende eximirlo de responsabilidad en el caso del Metro de Lima, lo que resulta sinceramente grotesco y debe ser corregido por el Pleno del Congreso.

Pero nada de esto puede quitarle validez al cuerpo del informe que es demoledor.La investigación concluye que Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, al igual que Susana Villarán, Nadine Heredia y Luis Castañeda Lossio, y un ejército de funcionarios encabezados por Enrique Cornejo, Fernando Zavala y Carlos Ferrero, acompañados de líderes empresariales liderados por José Graña, y una corte de abogados y consultores, todos ellos, han sido parte de la más grande red de corrupción de la historia del Perú.

Los expresidentes, exministros y excongresistas deberán pasar antes por el privilegiado antejuicio en el Congreso, perversa gollería que debería ser desterrada. Pero los demás deberán ser denunciados al Ministerio Público y tendrán que enfrentar cargos de cohecho, lavado de activos, negociación incompatible y demás delitos que deberían llevarlos a la cárcel al menor plazo posible.

Todas las denuncias que se deriven de este informe final deberán incorporarse a las investigaciones ya abiertas, pero también supondrá nuevos procesos.Apenas sea votado en el Congreso, este informe debe ser trasladado al Ministerio Público, desde donde deben solicitarse de inmediato las solicitudes de impedimento de salida del país e incluso las detenciones provisionales que se requieran.

Con la fuga de Alejandro Toledo y la reciente de César Hinostroza ya tuvimos suficiente. Ninguno de los implicados debería tener siquiera la posibilidad de evadir la acción de la justicia.Alan García no debería correrse otra vez de los tribunales peruanos a los que ya empezó a desacreditar desde España y en vez de promover falsos rumores sobre un golpe de Estado debería asistir a la citación que tiene con el fiscal José Domingo Pérez.

José Graña, el Odebrecht peruano, accionista principal del Grupo El Comercio, el más grande conglomerado de medios de comunicación del Perú, y que salió conveniente y coincidentemente también a España, debería regresar al Perú a pagar su deuda con la justicia.Hemos entrado en un momento crítico. En los próximos días se iniciarán también los procesos anticorrupción basados en la información obtenida en Brasil por el equipo encabezado por el fiscal Rafael Vela.

La hora de la verdad ha llegado, aunque los grandes medios no quieran hablar de ello: que cada cual decida de qué lado está.