COLUMNA | Roberto Rodríguez Rabanal: "KONFIEP, corrupción y captura del Estado"

No es poca cosa que los representantes de los grandes grupos de poder económico hayan confirmado que financiaron la campaña de la Sra. K el 2011. Credicorp-BCP (Romero), Breca-BVA (Brescia), Intercorp-Interbank (Rodríguez Pastor), Leche Gloria (Vito Rodríguez), Belcorp (Belmont-Graña), Buenaventura (Benavides), entre los principales, dieron su aporte al fujimorismo a fin de asegurar su victoria y luego ser retribuidos con exoneraciones, obras y diversas gollerías.

La KONFIEP, el gremio mayor de los dueños del Perú, fue el principal canal para centralizar el dinero; pero, como el cinismo no tiene límites, dicen que fue para promover la inversión privada. Sin embargo, hay más: apenas se difundió que Ollanta Humala era el nuevo Presidente de la República, sin siquiera sonrojarse, KONFIEP dio un rápido golpe de timón y directo en directo exigió saber quién sería el ministro de Economía, lo que, en buen romance, significaba que su objetivo era el continuismo de la política ultraliberal, centralista, de pérdida de soberanía y exclusión social, con negociazos por doquier, al estilo de los narcoindultos y de la plata que llega sola.

El camino más fácil y seguro para seguir manejando el MEF era contactar con alguien con una ambición desmedida de poder dentro del nuevo gobierno: Nadine Heredia. Ella, tras ser seducida con no se sabe cuánto, dispuso que un hombre de la KONFIEP, Luis Castilla, sea el nuevo titular del MEF. Sí el mismo que desde ayer tiene impedimento de salir del país.

Lo señalado forma parte de la captura del Estado por el poder económico ¿cómo? Corrompiendo a presidentes, cónyuges, ministros, congresistas. En cuanto a estos últimos, la bancada naranja y su hermana siamés, el Apra; al igual que sus satélites Contigo (ex PPK), los hoy solidarios (Bartra-Vilcatoma, los ultraconservadores Solari-Cuadros y los comodines que laboraban en el Parlamento) y APP; fueron serviles a la KONFIEP y sus socios. Por eso aprobaron exorbitantes exoneraciones a las empresas mineras y un régimen privilegiado para los agroexportadores (Chimpler-Cillóniz), además de reglarle nuestros cielos a Lan Chile-Latam.

Mantener la inmunidad parlamentaria para garantizar inmunidad y los múltiples privilegios son expresiones de un sistema político diseñado para ser un soporte de la corrupción; peor aún cuando el financiamiento de las campañas, que incluye el dinero sucio del narcotráfico, involucra a los padres de la patria en un mecanismo perverso basado en el permanente toma y daca. Situación que la reforma aprobada deja intacta, una de cuyas manifestaciones es el pitufeo de los fondos para sacarle la vuelta a la ley.

A menos de 50 días de las elecciones congresales complementarias, en medio de las limitaciones de información y de tiempo, estamos frente a la disyuntiva: o permitimos que el Parlamento continúe capturado por multimillonarios corruptos, o empezamos a recuperarlo para que legisle y fiscalice, y, sobre todo, represente a la ciudadanía que anhela una nueva República.