15/02/2019 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que la Sunedu, el Ministerio de Educación, Indecopi y las universidades públicas y privadas deben garantizar que los estudiantes y sus familias sean informados, antes de que se inicie la contratación del servicio educativo, si estas casas de superiores de estudios cuentan o no con el licenciamiento exigido por la Ley y su estado de avance o tramitación.
En este sentido, explicó que si bien no hay una restricción legal para que las universidades en proceso de licenciamiento convoquen al concurso de admisión, sí tienen la obligación legal de informar su situación actual a los postulantes, para que ello les permita tomar una decisión sustentada.
De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, en el Perú, el número anual de postulantes pasó aproximadamente de 381,000 en el 2000, a 805,000 en el 2015. Este año, el número de postulantes alcanzaría el millón.
El 2018, el número de postulantes a universidades que no tenían licenciamiento llegó a 550, 485.
De acuerdo a lo regulado en el artículo 74º del Código de Protección y Defensa al Consumidor, los estudiantes deben recibir información veraz y oportuna, sobre los servicios que recibirán, más aún si se trata de un contrato de larga duración como es el servicio educativo universitario.
El defensor del Pueblo precisó que “los estudiantes y padres de familia tienen derecho a que se les informe sobre las certificaciones, licencias o autorizaciones con que cuenta (o no) la universidad para desarrollar su actividad, antes de que se inicie la contratación del servicio educativo”.
A la fecha, de un total de 141 universidades públicas y privadas en el país, Sunedu ha aprobado la licencia de 60 y le ha denegado a cinco, ordenando su cierre. Aún no se define la licenciatura de 76 universidades.
Según Sunedu en el 2018 el número de estudiantes matriculados en universidades que aún no logran el licenciamiento alcanzó a 974, 168. Mientras que son 2, 679 los estudiantes matriculados en las universidades cuyo licenciamiento fue denegado.
