28/07/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la UGEL Arequipa Sur detectó varias irregularidades en la compra que hizo la entidad consistente en 200 lavamanos portátiles para las diferentes instituciones educativas de la jurisdicción en el año 2020.
Mediante el Informe de Control Específico Nº 004-2002, el OCI calculó que las irregularidades provocaron un perjuicio económico de S/ 25 mil 970 a la UGEL Sur teniendo como responsables a al menos siete funcionarios de los cuales tres tendría hasta responsabilidad penal.
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El 3 de diciembre del 2020, la UGEL Sur firmó un contrato con la empresa Cruceño S.A.C. para la adquisición de 200 lavamanos portátiles con sistema pedal, tras realizar un proceso de adjudicación simplificada por un monto de S/ 356 mil 950.
El ente de control observó que, en principio no era necesario que la entidad compre estos lavamanos puesto que el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos ya preveía la instalación, reparación y mantenimiento de los lavatorios lineales de cemento.
En consecuencia, de un total de 195 lavamanos portátiles entregados a diferentes colegios en enero del 2021, a la fecha no se habrían instalado 86, mientras que cinco se destinaron a la sede de la UGEL.
Además, los funcionarios de la entidad suscribieron un acta declarando falsamente que los lavamanos fueron entregados el 29 de diciembre del 2020, cuando en realidad se entregaron entre el 7 y 16 de enero del 2021, por lo cual debió cobrarse una penalidad de S/25 mil 970 por el retraso en la entrega, pero no se aplicó la misma.
Asimismo, se verificó que el ganador del contrato, Cruceño S.A.C. tenía que acreditar experiencia en la venta y fabricación de lavamanos por un monto de S/ 89 mil 937, pero solo acreditó por S/ 965.
A eso se suma que, el material que se entregó finalmente era de aluminio y no de acero inoxidable como se estipulaba en el contrato.
Según la verificación de los auditores de la Contraloría, un total de 86 colegios aún no pudieron instalar los lavamanos por diferentes razones como falta de presupuesto, no cuentan con agua potable ni desagüe, temor a que sean sustraídos por falta de seguridad, o ya cuentan con lavamanos estables.
En tal sentido, la Contraloría identificó con presunta responsabilidad penal a los funcionarios Carlos Luis Ampuero (Exjefe del área de Administración), Lensy Fernández (Especialista administrativo en Infraestructura), Silvia Cervantes (Especialista administrativo) y Elizabeth Ramos (Apoyo en Almacén).
Asimismo se encontró a otros tres servidores con responsabilidad administrativa.
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