Transportistas exigen reducción del precio del Gas Natural Vehicular
A dos años de haber descubierto el robo millonario que perpetraron 63 empresas y 29 de sus funcionarios que integraron el cartel del GNV y que substrajeron más de 152 millones de soles gracias a la concertación de precios de dicho combustible, los más perjudicados siguen siendo los más pobres del Perú, y es que el alza del Gas Natural Vehicular encareció los precios de los pasajes, los alimentos e inclusive desalentó el cambio de la matriz energética.
Al respecto, uno de los más perjudicados han sido los transportistas, quienes denuncia que a la fecha siguen pagando los sobrecostos del valor original del GNV (antes el precio de dicho combustible era de 0.70 céntimos, con el Cartel el precio llego a costar 1.70) y que nadie se preocupa por regular el precio. Inclusive en tiempos de pandemia y que la economía se ha visto afectada, el valor sigue siendo el mismo.
“Es inaudito que se descubra que estas empresas nos han robado descaradamente durante 4 años subiendo el precio del GNV y que, a la fecha, sobreviviendo a la difícil realidad que nos toca por la pandemia, nadie haya regulado su valor. No solo hemos sido afectados los taxistas y transportistas, sino todo el Perú. Y lo peor es que estas empresas están licitando para ganar millones como si nada hubiera pasado con la minera Antapaccay en Cusco”, dijo.
Inclusive, hay compañías que siguen concertando el precio del combustible sin tengan ninguna sanción. "Es indignante el accionar de este mal empresario que incluso tiene diversas deudas con el sistema financiero, sus colaboradores y proveedores.” enfatizó Elmer Mercado, coordinador del Comando Unitario de Trabajadores de Transporte Terrestre del Perú.
◼ Indecopi
El Comando Unitario de Trabajadores de Transporte Terrestre del Perú envió una carta a el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) solicitando que se emita de una vez la resolución firme sobre el caso del Cartel del GNV.
Sin embargo, en su respuesta, el ente rector señaló que los órganos resolutivos tienen autonomía e independencia; y que, en ese sentido, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de su tribunal se pronunciará como última instancia administrativa en el proceso que se sigue por el caso del Cartel del GNV.