04/01/2019 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
Tras la detención preliminar de Abel Concha Calla, se cuestionó su nombramiento como fiscal superior, cargo al que postuló el 28 de setiembre de 2017 ante el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sin embargo, un testimonio confirmaría que el magistrado, quien cumple prisión preventiva por 18 meses, sí tuvo apoyo para llegar a ese puesto.
De acuerdo a la resolución N° 4, en el expediente 204-2018, el alcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, el pasado 20 de diciembre, rindió su manifestación ante la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Chiclayo, revelando haber gestionado ante el exconsejero Iván Noguera Ramos, para que nombren a Concha Calla como fiscal superior.
Además, el liberado Serrato Puse, implicado en la investigación 'Los Temerarios del Crimen de Chiclayo', reveló a la fiscalía que asistió a la entrevista personal del fiscal.
Lo criticaron
Durante la etapa de entrevista personal, el pleno del CNM criticó su trabajo y el mismo Abel Concha reconoció que se había equivocado en una sentencia que había presentado para su valoración. “Sí, doctor, he cometido un error seguramente (...) doctor, disculpe, ha habido un error”, respondió en ese entonces.
Incluso, en otro momento, Concha no pudo explicar el significado del concepto de “prueba” dentro de los conceptos de investigación que realizan los fiscales. “Las pruebas se pueden reunir durante la etapa de investigación”, respondió.
Amenazas
La Fiscalía Suprema, en su requerimiento de prisión preventiva, expuso ante el juez supremo que tanto Willy Serrato como sus familiares recibieron amenazas con la finalidad de no declarar en contra del investigado Abel Concha Calla.
Asimismo, tras la detención del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, el fiscal superior habría llamado al alcalde de Olmos para solicitarle que le envíe un mensaje vía WhatsApp, en el cual menciona que no tiene ningún problema con él. Esta prueba se comprobó con el mensaje que se visualizó en los celulares de ambos investigados.
Cabe mencionar que, según la Fiscalía Suprema, el fiscal superior podría recibir una pena de hasta 16 años de cárcel por el delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
