22/04/2020 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), instancia política que dirige el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, realizó una sesión extraordinaria, de manera virtual, con el objetivo de adoptar medidas necesarias a fin de evitar el incremento de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, considerando los diferentes impactos económicos y sociales que genera la pandemia del COVID-19 en los y las ciudadanas del país.
Durante la sesión, liderada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se presentaron y analizaron las acciones adoptadas por las entidades que conforman la CMAN en el marco de la emergencia por COVID-19, la incorporación del enfoque de género en las medidas adoptadas; y la propuesta de Decreto Legislativo para establecer medidas que garanticen la atención y protección de las víctimas de violencia.
Al respecto, la propuesta normativa tiene por finalidad reforzar la respuesta del Estado, con la debida diligencia, para la atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar durante el estado de emergencia sanitaria, teniendo en cuenta las características propias del contexto social, que las exponen a un mayor riesgo de sufrir actos de violencia, desde los enfoques de género e interseccionalidad.
La sesión finalizó con la suscripción y publicación de un “Pronunciamiento conjunto para el fortalecimiento de los servicios de atención de la violencia contra las mujeres y poblaciones vulnerables en el marco de la emergencia por COVID-19”.
Las entidades integrantes del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar reafirmaron su compromiso de atención y protección a las víctimas a través de los servicios, programas y políticas a su cargo.
Finaliza el pronunciamiento exhortando a los operadores de justicia y a los demás servicios de atención a cumplir con sus funciones a cabalidad y, sobre todo, atender con empatía, celeridad y debida diligencia los casos de violencia que tengan lugar en el marco de la declaratoria de emergencia.
