24/11/2021 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
La aplicación de una reforma estructural del sistema tributario en el Perú, que ponga foco en la progresividad y en los altos niveles de evasión, le hubiera permitido al Perú recaudar recursos adicionales por cerca de S/252.000 millones. Con ello, el país habría podido alcanzar una mayor presión tributaria y, en consecuencia, destinar un 6% del PBI a Educación y otro 6% al sector Salud.
Así lo estimó César Flores, economista e integrante del Grupo de Justicia Fiscal, durante el conversatorio Reforma Tributaria: el futuro en juego, en el que se discutió el escenario tributario del país así como las propuestas para mejorar los ingresos del Estado.
“El Perú es uno de los países que está en la cola a nivel de América Latina en recaudación tributaria. Ha tenido un importante crecimiento económico en los últimos 20 años, pero el punto en el que no ha hecho su tarea es en la recaudación. La misma que hoy oscila entre el 14% y el 15% del PBI cuando el promedio de la región está alrededor del 23%”, explicó.
Flores también remarcó que, mientras en el Perú se postergaba esta reforma bajo el argumento de un posible desincentivo a la inversión, países de la región como Chile, Colombia y México sí aplicaron reformas estructurales de corte tributario.
“Es cierto que hoy estamos en un escenario de recuperación, pero también es cierto que hay que afinar ese argumento porque ya se ha usado en muchos momentos para eludir una reforma que otros países sí la han hecho”, aseveró y recalcó que cada Gobierno debería trazarse metas para alcanzar una presión tributaria de por lo menos el 19,5% del PBI.
El conversatorio también contó con la participación de Miryam Yepes, actual directora de inteligencia económica y optimización tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, quien recalcó que en el Perú a la fecha existe un incumplimiento del 38,7% del Impuesto General a las Ventas (IGV) y de 49,5% del Impuesto a la Renta.
En ambos casos, la tasa duplica lo registrado en los países de la región. Además, la suma de ambos implica dejar de recaudar un 8% del PBI que equivale a tres veces el presupuesto actual del sector Salud y dos veces el presupuesto del sector Educación.
“En un país donde los ingresos son bajos, los gastos también son bajos y eso se nota en una provisión de servicios inadecuada e insuficiente para la población. No hay forma de gastar más siendo responsable financieramente”, aseveró.
Es por ello que, según explicó, las propuestas planteadas por el Gobierno mediante el pedido de facultades legislativas siguen las actuales recomendaciones de organismos multilaterales internacionales para ampliar la base tributaria, gravar con impuestos a sectores como la economía digital y tener un sistema tributario más progresivo.
“Esta es una pandemia donde las personas con mayores ingresos han sido los menos afectados por la crisis. Somos optimistas, la recaudación no es un fin. Es un medio. Ello significa conseguir recursos para invertir en la población”, precisó.
Yepes también recordó que, entre las medidas planteadas por el MEF se propone facilitar la emisión de oficio de los RUC, la aplicación de tasas progresivas para los impuestos sobre las rentas de alquiler, el cambio de los regímenes para las pequeñas empresas y cambios en las tasas que se aplican a la sobreganancia minera.
Sobre la minería, César Flores, del Grupo de Justicia Fiscal, señaló lo siguiente: “Estamos en un escenario de precios bastante altos. El precio del cobre está por encima de los US$4 por libra y se estima que este año las empresas mineras tendrán ingresos adicionales por alrededor de S/ 50 000 millones adicionales solo por efecto precio. La gran pregunta es si ese monto también pasa a ser redistributivo hacia el Estado y el cierre de brechas”.
A su turno, Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, consideró necesario evaluar la gradualidad y pertinencia de la aplicación de estos cambios tributarios sobre sectores con importantes niveles de inversión. Sin embargo, sí coincidió en la necesidad por reducir los niveles de evasión.
“Necesitamos mejorar la administración tributaria. Reducir la evasión del IGV y el IR, nadie puede estar en desacuerdo. Por aquí pasa la necesidad de reducir la inequidad. Deberían establecerse sanciones para los evasores, que haya una mejor fiscalización y se detecte a los evasores. Todo ello permitirá que los contribuyentes comiencen a pagar sus impuestos”, acotó.
Es en esa línea que Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal para Oxfam Internacional, recalcó que hoy foros como el G20 o la OCDE consideran necesario aplicar reformas tributarias que graven a quienes tienen mayores ingresos, así como a las plataformas digitales. “El acuerdo internacional es aplicar el 15% de impuesto mínimo de grandes corporaciones donde realizan actividades económicas, así como repensar el modelo tributario para redistribuir las utilidades de las grandes tecnológicas”, remarcó.
Por otro lado, recordó que existe la necesidad de, además de gravar la riqueza, luchar contra los paraísos fiscales y los offshore. “Uno de cada cinco dólares de inversión que sale de América Latina, lo hace a través de un paraíso fiscal. Hay que revisar la definición de paraísos fiscales y generar mecanismos de control más importantes. Esto se ha quedado fuera de la propuesta del MEF, pero esperamos que se presente más adelante”, sostuvo.
Más en Exitosa