Tratamiento diferencial
09/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/03/2025
En un análisis realizado para Exitosa, Rosa Mavila, exjefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se refirió al reciente decreto supremo Nº 005-2025-JUS, el cual modifica el reglamento del Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Perú.
Si bien las modificaciones buscan mejorar el sistema de justicia para menores de edad, Mavila señaló que el texto de la nueva norma no incluye medidas especializadas para tratar a los adolescentes captados por la criminalidad organizada, un tema de gran preocupación en la actualidad.
Según Mavila, el nuevo decreto carece de un enfoque específico para los menores que, por diversas circunstancias, terminan siendo manipulados por organizaciones delictivas.
"No hay sobre la casuística que tu acabas de reseñar que es este menor que está siendo captado por la criminalidad organizada en la norma que acaba de ser publicada, no hay un tratamiento especialmente asignado a esos adolescentes" aseguró Mavila.
¿Por qué es crucial atender a los adolescentes manipulados?
Para la exjefa del INPE, el problema no se resuelve solo con un incremento de penas. La situación de estos adolescentes, generalmente vulnerables y fácilmente influenciables, requiere un enfoque integral que considere su nivel de vulnerabilidad.
"Obviamente no se trata simplemente de incrementar pena, sino de ver el nivel de vulnerabilidad que hace que un niño se convierta en un instrumento de los delincuentes", explicó Mavila.
¿La falta de jueces especializados podría afectar la aplicación de la ley?
El decreto también ha sido cuestionado por la falta de jueces especializados en derecho penal juvenil. Mavila destacó que, aunque el Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes tiene como objetivo rehabilitar a los menores infractores, la verdadera aplicación de la ley necesita contar con un personal judicial capacitado en este ámbito.
En ese sentido, la exfuncionaria remarcó que la norma no aborda el problema central, la necesidad de formar a jueces especializados en derechos de los adolescentes.
El mantener a jueces de familia, con un enfoque distinto al que requiere el Código Penal, dificulta una correcta interpretación y aplicación de la ley en casos de responsabilidad penal juvenil.
El reciente decreto sobre responsabilidad penal para adolescentes presenta avances en el marco legal, pero también deja vacíos significativos en la atención y tratamiento de menores de edad que son manipulados por organizaciones criminales.
Si bien no se pretende desconocer los esfuerzos por mejorar el sistema de justicia juvenil, expertos como Rosa Mavila coinciden en que la falta de jueces especializados y la ausencia de un tratamiento diferencial para estos adolescentes vulnerables sigue siendo un desafío pendiente.
