Proyectos paralizados suman más de USD 5,000 millones
En la actualidad, el Perú tiene una cartera de proyectos de infraestructura paralizados que representan una inversión que bordea los USD 5,327 millones, de acuerdo con la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
La presidenta de dicha asociación, Leonie Roca, detalló que entre los proyectos estancados figuran Majes Siguas, la Línea 2 del Metro de Lima, Ampliación de Muelle Sur, Ampliación Terminal Norte, Ampliación de Carretera Central, Autopista Sol entre Trujillo y Sullana y la Autopista extremo Sur División Quilca-Frontera sur.
Agregó que durante el 2018, solo se han adjudicado dos proyectos de la cartera de Proinversión fijados para este año, quedando pendiente USD 1,112 millones en inversión por adjudicar.
“Ya se adjudicó el Terminal Portuario Salaverry y el proyecto minero Michiquillay, pero aún están pendiente proyectos como la Banda ancha Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín; masificación del uso de gas naturales, línea de trasmisión Carabayllo, PTAR Titicaca, Proyecto Minero Colca y Proyecto Minero Jalaoca”, detalló.
Roca consideró que las Asociaciones Público Privadas (APP) han sido modelos exitosos y ejemplos para la región durante años, por lo que se debe continuar con ellas.
A corto y largo plazo
La ejecutiva señaló que es importante trabajar basándose en una lista de proyectos de corto plazo, de lo que se debe hacer en los próximos 12 meses; así como una lista de mediano y de largo plazo, es decir, a dónde se quiere estar en 20 años.
Explicó que para destrabar la cartera de proyectos mencionados se requiere una decisión política para establecer responsables y plazos, sin embargo, dijo que cada gobierno tiene sus proyectos favoritos o “bandera”.
“No hay una visión compartida de cuáles son los (proyectos) más importantes para el país. Urge una planificación, un plan de infraestructura de largo, mediano y corto plazo, así como instituciones fuertes que puedan ejecutarlo”, dijo.
De este modo, la especialista propuso escoger 20 proyectos de infraestructura críticos y utilizar mecanismos institucionales ya probados en los Juegos Panamericanos para su ejecución y seguimiento.