23/11/2021 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
Luego de casi un año desde que los pobladores de la antigua ciudad de Morococha presentaron una demanda de Habeas Corpus contra la minera Chinalco, el Poder Judicial les dio la razón y reconoce sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar“.
De esta manera, el juez contradijo lo esgrimido reiteradamente por la empresa Chinalco, que señalaba que eran merodeadores de la antigua Morococha e incluso personas ilegales que estarían viviendo a cuenta y riesgo propio. Asimismo, con dicha resolución el Poder Judicial también reconoce el derecho al libre tránsito de los pobladores, luego que la minera les cerrara el acceso a sus propias viviendas.
Cuando en el 2012 se inició el proceso de reasentamiento poblacional de la ciudad de Morococha, un grupo de familias no aceptó las condiciones que daba la empresa para el traslado. Ahí empezó el problema para este grupo poblacional que incluso fue acusado de ilegales y tuvo, durante este tiempo, que convivir con la hostilidad de la minera.
Según precisa, Elvis Fuster Calderón, representante del Frente de Defensa de los Intereses de Morococha, a las familias que se quedaron la minera les cerró el paso y tuvieron que aprender a vivir entre los desechos.
“Las escuelas y numerosas casas han sido reducidas a escombros. Tampoco hay posta médica ni comisaría, y las viviendas que quedan en pie están expuestas a las vibraciones y los cascajos que provocan las explosiones controladas de Chinalco”, comentó.
Para el Dr. Carlos Castro, asesor legal de los pobladores, con la resolución del Poder Judicial se le devolvió los derechos a este grupo poblacional. Incluso resaltó que el juez constató el estado en que vivían los pobladores que se negaron al traslado
“El propio juez ha dicho que se vive en escombros. Han verificado la inexistencia de energía eléctrica, no tienen acceso a la tecnología, se ha verificado que destruyeron las vías de acceso y los mismos pobladores tuvieron que arreglarlo”, dijo el letrado.
Antecedentes
Cuando se inició la etapa de exploración del megaproyecto Toromocho a cargo de la Minera Chinalco Perú, subsidiaria de Aluminium Corporation of China, se empezó a planificar y diseñar el reasentamiento poblacional de los habitantes del distrito de Morococha puesto que dicha actividad se desarrollaría a tajo abierto de las reservas de cobre y molibdeno.
Para el 2009 se estaba culminando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el cual se incluía el Plan de reasentamiento poblacional. Según el EIA del proyecto (Knight Piésold, 2009), el reasentamiento era un proceso sumamente necesario, no solo para dar paso a la ejecución del proyecto Toromocho, sino también para salvaguardar la salud y seguridad de los habitantes del distrito de Morococha. Sin embargo, la empresa minera no viene cumpliendo con lo acordado en su plan ambiental.
Solo cuatro años después de que los primeros vecinos comenzaran a vivir en la Nueva Morococha, el balance del reasentamiento es desalentador y la supervivencia misma del pueblo está en el aire.
Por otro lado, los que aceptaron el reasentamiento denuncian el incumplimiento de las promesas de la minera y ven inviable seguir en la situación en la que están, en un pueblo moribundo: sin oportunidades de trabajo; en una zona que consideran no apta para vivir por la contaminación, las malas condiciones de salubridad y los riesgos de un desastre, y con una población decreciente.
Entre los incumplimientos de la minera está la construcción de un campamento minero para 500 trabajadores. Esto, según los pobladores, hubiera ayudado al dinamismo de la nueva Morococha.
Según, Juan Aste, consultor de la Red Muqui, la poca voluntad por parte de la Minera Chinalco para cumplir con los acuerdos firmados en beneficio de la población de Morococha no ha sido efectuado en su totalidad. Este incumplimiento tiene un gran efecto en la dinámica económica y social del distrito de Morococha, donde los bienes y mercancías adquiridos por los trabadores producían un desarrollo económico y social de la población, el poco volumen de ventas generadas actualmente diezma el bienestar material de las personas que optan por emigrar a localidades aledañas, reduciendo la dinámica económica del distrito.
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), lo resuelto por el Poder Judicial no hace más que reconocer los derechos de los pobladores de Morococha, restableciendo las necesidades básicas de los pobladores.
“Se necesita una mira en conjunto y un Estado que cumpla con sus funciones regulatorias. Si la minera no cumple el Estado debe hacerlo cumplir”, concluyó la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Jennie Dador.
Acciones
Esta tarde (ayer), representantes de la zona afectada acudieron a la presidencia del Consejo de Ministros para solicitar una reunión formal con la premier, Mirtha Vásquez, y de esta manera solicitar al ejecutivo que tome acciones correctivas frente a la resolución del 2018.
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