Piden al ejecutivo proteger a niños de violencia sexual
Con el objetivo de trazar ejes para el trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo e instituciones de la Sociedad Civil, en favor de los niños, niñas y adolescentes del Perú, se firmó el Pacto Político y Social por la Infancia en una ceremonia presidida por la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia del Congreso de la República.
Este Pacto recoge el compromiso de las autoridades a fin de priorizar acciones que garanticen la protección de los menores, desde el cumplimiento de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, hasta otras intervenciones garanticen el respeto a los derechos de educación gratuita y de calidad, derecho a la identidad, derecho a la salud y detección y atención del Cáncer Infantil.
El documento, fue firmado por la presidenta de la Comisión, Congresista Magaly Ruiz Rodríguez; la vicepresidenta de la Comisión, Cong. Jessica Córdova Lobatón; el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino; el Presidente Ejecutivo de EsSalud, Dr. Alegre Fonseca Espinoza; el presidente de REMURPE, Sr. Flavio Mamani Huancco y los viceministros representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación.
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“Este pacto es un logro muy importante en favor de los niños de nuestro país, que durante esta pandemia sufrieron la desprotección del Estado. Sin embargo, luego de 2 años de emergencia sanitaria las instituciones nos unimos para dar este paso importante por la defensa de los derechos de nuestros niños y adolescentes”, manifestó la Congresista Magaly Ruíz.
A su turno, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, manifestó su compromiso para que este Pacto sea incluido en el Acuerdo Nacional, toda vez que este documento representa la unión de poderes e instituciones en defensa de los niños más vulnerables del país.
Finalmente, la congresista Jessica Córdova hizo un llamado al trabajo consensuado entre instituciones públicas y privadas para lograr un trabajo articulado en beneficio de los niños, niñas y adolescentes a fin de evitar más casos de violencia sexual contra menores de edad.
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