OPINIÓN:Nicolás Lúcar: El cuento del golpe de Estado o cómo preparar una fuga
Ya ocurrió antes y tenemos derecho a sospechar que volverá a ocurrir.El 4 de enero de 1995 el Congreso Constituyente Democrático (CCD) resolvió por unanimidad que había lugar para abrir una causa contra el expresidente Alan García Pérez (AGP) por los delitos de colusión ilegal, negociación incompatible, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.
El 12 de diciembre de ese mismo año la fiscal suprema Nelly Calderón (léase bien Nelly Calderón, no Blanca Nélida Colán) emitió el Dictamen 1750-95 en el que encontraba a AGP responsable de los delitos que se le imputaban.
Su investigación logró acreditar que el expresidente había recibido por concepto de comisión ilegal por la obra del Tren Eléctrico la suma de 200 mil dólares en efectivo y luego tres depósitos bancarios por un total de 840 mil dólares. Los pagos los había realizado Sergio Siragusa Mule, representante del consorcio italiano Tralima, encargado del proyecto del tren. La cuenta cifrada de destino de la coima era del Barclays Bank de Gran Caimán, tenía el número 285762361-2952735 y estaba a nombre de Worldwide Financial Holdings. La fiscal Calderón acreditó que la cuenta pertenecía a Alfredo Zanatti Tavolara, quien reconoció que, a través de ella, se habían recaudado dineros pertenecientes a AGP.
Zanatti también reconoció haber pagado a AGP un total de 1'250,000 dólares por coimas a cambio del beneficio irregular de dólares MUC (Mercado Único de Cambios) y haber comprado junto con el expresidente una aeronave.
Es más, Zanatti y otros testigos certificaron que con fondos de la cuenta de Gran Caimán, AGP había adquirido el 66% de las acciones de la Empresa Radiodifusora 1160 (titular de lo que luego sería canal 13). Se había comprado su propio canal de televisión.
La denuncia de la fiscal Calderón fue presentada ante el vocal supremo instructor Hugo Sivina, quien concluyó el 25 de marzo de 1996 que se habían acreditado fehacientemente los delitos imputados a AGP, responsabilizándolo penalmente como instigador de los delitos de colusión ilegal y negociación incompatible y como autor de los delitos de cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
La causa era jurídicamente impecable, pero AGP había eludido la acción de la justicia usando como argumento el asalto a su casa y el intento de detención ilegal del 5 de abril de 1992. Al amparo de su declaración como perseguido político y con la protección de los gobiernos de Francia y Colombia, nunca compareció en este proceso.
El año 2001 su caso fue declarado prescrito y recién entonces regresó al Perú. Nunca pudo ser juzgado pese a las abrumadoras evidencias en su contra.Hoy, 17 años después, Alan García Pérez, con su supuesto golpe sin tanques, pareciera que añora los días en que podía acusar al gobierno de autoritario y al presidente de golpista, y tener eco.Esta vez las cosas serán diferentes.Él sabe mejor que nadie que el que la debe, la teme.